Dos mossos procesados por disparos «descontrolados» contra el pistolero de Securitas en Riudoms

El 14 de diciembre de 2021, Marín Eugen Sabau entró en las oficinas de Securitas Direct en la plaza Prim de Tarragona poco después de las once de la mañana y comenzó a disparar contra sus compañeros de trabajo. Tres personas resultaron heridas. Lo que sucedió en las horas siguientes —la persecución, el enfrentamiento final en una masía abandonada de Riudoms, los disparos que lo dejaron paralizado— ahora está siendo juzgado no solo como un acto de violencia criminal, sino como una posible actuación policial desproporcionada.

Un magistrado de Reus ha decidido procesar a dos agentes del Grup Especial d'Intervenció, la unidad de intervención de los Mossos d'Esquadra, por lo que considera una respuesta «descontrolada y desproporcionada» en el momento del abatimiento. El auto judicial, fechado el 19 de agosto y al que ha tenido acceso el Diari de Tarragona, sostiene que existe «probable responsabilidad penal» en ambos policías. Mientras tanto, otros ocho agentes investigados han sido sobreseídos. Los dos procesados comparecerán ante el juez el próximo 16 de septiembre.

La investigación comenzó tras una querella criminal presentada a finales de 2023 por Gerard Amigó, abogado que representa a la hermana de Sabau. En su denuncia pedía que se investigara a dieciséis agentes por su participación en los hechos, desde el tiroteo en la carretera T-11 hasta el enfrentamiento final. El magistrado ha analizado meticulosamente la cronología de aquella tarde. Tras los disparos en Tarragona, el GEI fue activado desde su base en Sabadell a las 11.50 horas. Siete minutos después se movilizó también la Unitat Central de Segrestos i Extorsions para actuar como equipo negociador, con el objetivo de establecer un diálogo que condujera a una resolución pacífica.

Pero el conflicto se intensificó. Cuando agentes de paisano detuvieron el Citroën Xsara de Sabau en un control de la T-11 y se identificaron como policías, el conductor abrió fuego e hirió a uno de ellos en el brazo. A las 13.35 horas, un vecino de Riudoms alertó al 112 de que el agresor se había escondido en una masía abandonada en Mas Blau. Sabau se atrincheró tras un muro de piedra, vistiendo un chaleco antibalas y portando varias armas de fuego, munición y un escudo antibalas de fabricación casera.

El equipo negociador, dirigido por un cabo, se guarneció a unos 150 metros de la masía e intentó contactar con él a través de varios números de teléfono e incluso mediante un conocido. Pero ante las «indudables muestras de hostilidad» del agresor y la falta de cobertura en el terreno llano, desistieron de cualquier aproximación. A las 16.30 horas se descartó definitivamente el diálogo. Un agente efectuó disparos de distracción mientras tres compañeros comenzaban la aproximación. Sabau respondió con fuego.

Dos agentes alcanzaron una posición a unos veinte metros del agresor. Uno de ellos —ahora investigado— le dio el alto y se identificó como policía. Sabau se giró y disparó una o dos veces. Lo que sucedió después es el núcleo de la acusación: el agente respondió con lo que el juez describe como disparos indiscriminados, realizando entre diecisiete y diecinueve tiros. Su compañero no disparó. Otro agente situado en posición contraria hirió a Sabau en la pierna. Las heridas fueron devastadoras: graves lesiones medulares que le causaron la pérdida prácticamente total de movilidad, amputación de una pierna y una fascitis necrosante que no pudo ser tratada adecuadamente. Murió el 23 de agosto de 2022 en el Hospital de Terrassa tras recibir eutanasia.

El magistrado reconoce en su auto que comprende que la intervención policial «es receptora del acogimiento y aprobación de la inmensa mayoría del sentimiento social», especialmente ante hechos de «intensa gravedad» que ponen en riesgo vidas. Pero subraya que a los jueces les corresponde verificar la proporcionalidad: si la violencia ejercida fue «la mínima indispensable» para neutralizar al agresor, quien «también era titular de los derechos fundamentales que no desaparecen por hechos como los que presuntamente cometió». La querella de Amigó cuestiona no solo las lesiones desproporcionadas, sino también las contradicciones en los testimonios de los agentes, la falta de intentos de diálogo mediante megafonía, y la desaparición de evidencia como el chaleco y la ropa de Sabau, así como la ausencia de imágenes y del informe de balística. El juez ahora debe determinar si la legítima defensa y el estrés de combate justifican lo que ocurrió.