Documentos secretos de la DNI apuntan a espionaje contra expresidentes, compras irregulares y un hacker vinculado a las elecciones

Dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial, el 3 de junio de 2026, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0563. Según documentos reservados a los que accedió la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, esa norma le dio a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) una función nueva: participar en la asignación de los vehículos de los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, junto con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía y la Unidad Nacional de Protección.

El señalamiento aparece en un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al director entrante de la agencia. Está rotulado como reservado y de distribución controlada, e incluye fotografías y análisis basados en información de funcionarios de la propia DNI. Según una fuente humana citada en el texto, la entidad planeaba equipar esos vehículos con micrófonos y GPS. El informe sostiene que una agencia de inteligencia no tiene razón técnica para asignar carros de protección, salvo que el objetivo sea controlar a los protegidos.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, dijo que es difícil demostrar la intención detrás de esos actos. Agregó que, en todo caso, la entidad actuaba fuera de sus competencias y en un campo que le está expresamente vedado.

El informe recoge otras sospechas. Una es que la DNI habría declarado insubsistente, sin justificación ni debido proceso, a personal de confianza del Gobierno. Según el documento, el 18 de junio de 2026 se identificó esa salida coordinada, con la idea de que, tras ganar demandas, esas personas fueran reintegradas en años posteriores. También menciona una casa de inteligencia clandestina a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, desocupada tras las elecciones y borrada de los archivos oficiales. El texto no aclara su misión. Y plantea que Rusia habría entregado computadores y celulares con malware a agentes que viajaron el año pasado a Moscú a capacitarse con el SVR, por lo que recomienda una revisión forense inmediata de todos los dispositivos.

El capítulo más extenso es el del dron, calificado de alto impacto presupuestal. Se trata de un helicóptero no tripulado comprado en 9.000 millones de pesos, precio que el informe considera sobrevalorado. Tiene alcance de 600 kilómetros, hasta seis horas de vuelo, transmisión de datos a 200 kilómetros y carga de 60 a 120 kilos. Un informe técnico de agosto de 2025 registró cuatro fallas simultáneas en comunicación, combustible, caja de engranajes y motor, y el vuelo de prueba se canceló por seguridad. El contrato está en proceso sancionatorio por incumplimientos. El 15 de marzo la aeronave sufrió un siniestro que el informe no describe; René Guarín, entonces director encargado, escribió el 13 de abril a la aseguradora HDI que se verificaban las causas. El aparato estaba asegurado por 900 millones de pesos, el 10 por ciento de su valor.

Un segundo documento, de 11 páginas, fue enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre. Reporta la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de ellas con equipos antidrones para la casa presidencial; Caracol vio una foto con los equipos visibles en el techo. La entidad compró tres equipos antidrones por 8.340 millones de pesos y se verifica la alerta de un funcionario sobre capacidad de interceptar comunicaciones. Además, desde 2024 no se renovó el contrato del sistema de registro de misiones, por un desacuerdo con el proveedor. Restrepo afirmó que ninguna misión de inteligencia puede existir sin orden ni supervisión.

Otras compras: el contrato 053 del 7 de octubre de 2022, por 580 millones, para un sistema biométrico incompatible con los equipos de la entidad; el contrato 043 de 2024, con 595 computadores por 1.314 millones que, según el informe, fallan; y uno de enero de 2026 por 1.549 millones que incluye diez atriles a 14 millones cada uno y camas a 18 millones, para la sede de Funza, cuya obra tiene un retraso del 12 por ciento.

El documento también describe a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que entró a la DNI en febrero de 2024. Según los informes, hackeó entidades del Estado y perdió las bases de datos que alojó en una nube; luego pasó al grupo de tecnología bajo el entonces director Jorge Lemus. Se le atribuye liderar una red para cambiar resultados de la votación del 21 de junio con ataques a la Registraduría. Tenía una orden de captura de un juez desde el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta, y habría estado protegido por la agencia. El texto fuente se interrumpe cuando menciona que no es claro quién le avisó de un allanamiento.

Todo lo anterior proviene de documentos internos y fuentes citadas en ellos; no hay verificación independiente ni confirmación oficial. Lo que viene es la revisión forense recomendada y las respuestas de los señalados.