Dimite la cúpula de la Fundación Complutense, tercer motín en un año

A principios de 2026, la Universidad Complutense de Madrid, la más grande de España, atravesaba una nueva convulsión administrativa. La Delegación del Rector para las Políticas Sociales presentó su renuncia, y poco después fue cesada la delegada de Igualdad. Estos movimientos no fueron aislados ni sorpresivos para quienes seguían de cerca la vida interna del campus: representaban el tercer conflicto de liderazgo en apenas doce meses, una cadencia de crisis que revelaba algo más profundo que simples desacuerdos personales o administrativos.

Detrás de cada dimisión, cada cese, cada vacío dejado en la estructura de gobierno de la institución, estaba la misma realidad incómoda: la penuria económica. La Universidad Complutense no era víctima de una mala gestión puntual o de decisiones equivocadas de un solo responsable. Era una institución atrapada en una situación financiera que hacía insostenible el funcionamiento normal de sus operaciones, que generaba tensiones constantes entre lo que se prometía y lo que se podía entregar, que ponía a sus directivos en la posición imposible de tener que elegir entre cumplir mandatos con recursos inexistentes o reconocer públicamente que no había dinero.

La renuncia de la Delegación del Rector para las Políticas Sociales fue el primer movimiento visible de esta crisis de confianza. Quien ocupaba ese cargo, responsable de orientar la política institucional en un área sensible para la vida universitaria, decidió que no podía continuar. No fue una salida silenciosa: la renuncia llegó a principios de año, cuando aún había tiempo para que la noticia circulara entre la comunidad académica y administrativa.

La cesantía de la delegada de Igualdad vino después, con un carácter distinto. No fue una renuncia voluntaria sino una destitución, lo que sugería un conflicto más agudo, posiblemente una ruptura entre la delegada y la dirección superior sobre cómo proceder ante las limitaciones presupuestarias o sobre las prioridades institucionales. La igualdad es un área que requiere recursos específicos, programas, personal dedicado. Cuando no hay dinero, esa área se convierte en un campo de batalla entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer.

Esta tercera crisis en un año no era un accidente. Era síntoma de una enfermedad más extensa. La penuria económica de la Universidad Complutense no permitía que sus estructuras de gobierno funcionaran con estabilidad. Los directivos se iban porque no podían cumplir sus funciones. Los conflictos se multiplicaban porque cada decisión presupuestaria era una herida abierta. La institución más grande de España, con decenas de miles de estudiantes, cientos de programas académicos y miles de empleados, estaba navegando una crisis de viabilidad que afectaba hasta los cimientos de su gobernanza.

Lo que quedaba sin respuesta era si esta inestabilidad era temporal, producto de una coyuntura económica que podría revertirse, o si era estructural, el resultado de decisiones de financiamiento público que habían dejado a la universidad en una posición de fragilidad permanente. Lo que sí era claro era que una institución de ese tamaño no podía seguir funcionando con esa cadencia de crisis. Algo tenía que ceder.