En la ciudad autónoma de Ceuta, una operación rutinaria de identificación reveló que diez de cada treinta inmigrantes controlados en una sola noche cargaban órdenes judiciales de prisión por delitos graves. Lo que comenzó el 30 de julio como una crisis de entrada masiva se ha convertido en un problema de seguridad pública de múltiples capas, donde la velocidad de los acontecimientos superó la capacidad del Estado para conocer quiénes habían cruzado sus fronteras. La ciudad vive hoy la consecuencia inevitable de aquella brecha: la dificultad de gobernar lo desconocido.
Diez de treinta inmigrantes identificados en Ceuta tenían órdenes de prisión
Se registraron 23 denuncias por agresión sexual desde el 30 de julio, con nueve víctimas menores de edad; además, enfrentamientos violentos entre grupos de inmigrantes causan heridas abiertas.