Diego Macera: "Existe un Estado que tiene miedo de tomar decisiones"

Diego Macera, economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía, tiene una diagnosis clara sobre lo que aqueja al Estado peruano en este momento: el miedo. No el miedo de una crisis sanitaria o económica, aunque ambas están presentes. El miedo de los funcionarios públicos a tomar decisiones.

En una entrevista con Correo a fines de 2020, Macera señaló que los casos de corrupción de alto perfil —Odebrecht en particular— han dejado una marca tan profunda en la administración pública que los servidores del Estado prefieren la inacción a la acción fundamentada. El ejemplo más inmediato era la compra de vacunas contra la COVID-19. Perú llegaba a diciembre sin haber asegurado un suministro suficiente de inmunizantes, cuando esas negociaciones debieron haberse iniciado meses atrás, en setiembre u octubre. El tiempo perdido no se recuperaría, advirtió Macera, y sus efectos se sentirían durante todo 2021.

La raíz del problema, según su análisis, no era negligencia deliberada ni corrupción. Era algo más sutil y, en cierto sentido, más paralizante: los funcionarios públicos se cubrían a sí mismos. Enfrentaban un entorno donde la Contraloría y otros organismos de fiscalización podían objetar sus decisiones incluso cuando habían actuado de buena fe, sin corrupción, con diligencia. El peso de la ley caía sobre ellos de todas formas. En ese contexto, la inacción parecía más segura que la acción. Macera lo expresó de manera directa: existe un Estado que tiene miedo de actuar y tomar decisiones.

Esta parálisis decisoria tenía consecuencias económicas concretas. Para 2021, tanto el Instituto Peruano de Economía como el Banco Central de Reserva proyectaban un crecimiento económico cercano al 11 por ciento. Pero esa recuperación dependía de señales claras de estabilidad institucional y predictibilidad en las reglas de juego. La inversión privada era el motor de esa reactivación, y los inversionistas necesitaban certeza. Lo que veían, en cambio, era lo opuesto: decisiones como la derogación de la Ley de Promoción Agraria enviaban señales de baja predictibilidad. Había excepciones —el ministro de Economía, Waldo Mendoza, hablaba abiertamente de la importancia de la inversión privada— pero no eran suficientes para contrarrestar la incertidumbre general.

Macera también identificó dos grandes fuentes de incertidumbre para 2021: el virus mismo y el manejo político. El Gobierno de transición tenía dos responsabilidades mayores: gestionar la crisis sanitaria y organizar las elecciones. Sus decisiones en esas semanas y meses marcarían la marcha de todo el año. Pero había un tercer factor: la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Para crecer a dos dígitos, el Gobierno tendría que navegar con cuidado esa tensión política.

Aquí Macera fue matizado. No abogaba por que el Ejecutivo evitara toda confrontación. Si el Congreso insistía en normas populistas sin visión de largo plazo —como el retiro de aportes de la ONP— el Ejecutivo tenía la responsabilidad de responder con una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero pechar al Congreso innecesariamente, sin intentar primero una respuesta institucional, no era el camino. La tensión política erosionaba la base institucional del país, y eso jugaba en contra de todos.

Lo que Macera planteaba era un dilema sin salida fácil: los funcionarios públicos necesitaban seguridad jurídica para actuar con diligencia, pero esa seguridad no existía. Mientras tanto, las decisiones que debieron tomarse en setiembre u octubre seguían sin tomarse, y el costo lo pagarían todos los peruanos.