Die Linke gana en Berlín con promesas de expropiación de viviendas que divide a Alemania

Berlín despierta a una realidad que sus números no pueden ocultar. En una década, el alquiler de un apartamento de cien metros cuadrados pasó de novecientos euros mensuales a mil quinientos veinticinco. Mientras tanto, los ingresos de los berlineses crecieron apenas un tercio de lo que subieron los precios. Ochenta y tres por ciento de la ciudad vive de alquiler. Cuando las matemáticas se vuelven tan despiadadas, la política cambia.

El domingo pasado, Die Linke, el partido poscomunista que hace una década rondaba el trece por ciento, ganó las elecciones regionales de Berlín con el veinticinco por ciento de los votos. La CDU quedó atrás con dieciocho. Por primera vez en la historia electoral alemana, Die Linke tiene la posibilidad de gobernar una capital regional. Lo logró con una sola promesa central: expropiar más de doscientas mil viviendas en manos de grandes corporaciones inmobiliarias. Elif Eralp, la candidata principal, llevaba un collar con la palabra alemana Mietendeckel —tope del alquiler— cuando anunció la noche electoral: si Die Linke gobierna, nacionalizaremos.

Berlín ya tiene límites al alquiler. Cuando se renueva un contrato, el aumento está limitado al quince por ciento en tres años, siempre que no supere la media del barrio. Los nuevos contratos no pueden costar más del diez por ciento por encima de esa media. Die Linke considera que estos topes son papel mojado, que hay demasiadas maneras de saltárselos. Los números les dan la razón. La ciudad que hace veinte años era conocida como la metrópolis más asequible de Europa ha cambiado drásticamente. Medio millón de nuevos residentes llegaron en la última década. Los edificios vacíos del antiguo Berlín oriental, que una vez alimentaron la oferta, desaparecieron. Lo que quedó fue especulación: lo que los berlineses llaman oro de cemento.

Para gobernar, Die Linke necesita aliados. Los Verdes están dispuestos a pactar; sus posiciones sobre vivienda no están tan alejadas. El SPD, en cambio, se resiste. Pero hay un precedente que complica las cosas para los socialdemócratas. En dos mil veintiuno, Berlín celebró un referéndum impulsado por iniciativa ciudadana. La pregunta era directa: ¿debe el Gobierno estatalizar empresas propietarias de más de tres mil viviendas? El cincuenta y ocho por ciento votó que sí. Aunque el resultado no era vinculante, el Gobierno de coalición SPD-CDU de entonces formó una comisión para establecer las bases legales. Nunca se implementó. Ahora Die Linke quiere hacerlo realidad.

El costo es astronómico. El Tribunal de Cuentas de Berlín estimó que el Estado necesitaría desembolsar casi cuarenta mil millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas afectadas. El presupuesto anual de Berlín es de cuarenta y seis mil millones. Su deuda actual asciende a sesenta y ocho mil millones. Las principales empresas en la mira son Vonovia y su filial Deutsche Wohnen, que controlan más de ciento treinta y ocho mil viviendas en la ciudad con un valor de mercado superior a treinta mil millones de euros. También están en el radar Adler Group, Grand City Properties y Heimstaden.

Los expertos no se ponen de acuerdo. Un estudio de la Fundación Hans Böckler, vinculada al sindicato DGB, publicado el veinticinco de septiembre, sostiene que estas medidas contendrían claramente los precios del alquiler. Un informe reciente del instituto Empirica afirma que solo el doce por ciento de la población se beneficiaría. Lo único en lo que coinciden es en el problema fundamental: cómo financiar esto. La Fundación Hans Böckler estima un desembolso público mínimo de trece mil quinientos millones de euros. Wibke Werner, directora de Berliner Mieterverein, la mayor asociación de inquilinos de la ciudad, explica que las expropiaciones permitirían aumentos de alquiler significativamente más moderados y precios más bajos en nuevos contratos. Pero todo depende de cuánto se pague en indemnizaciones y de las condiciones para obtener préstamos o bonos.

El canciller Friedrich Merz, democristiano, ha advertido que el Gobierno federal actuará legalmente para impedir expropiaciones o nacionalizaciones. La Constitución alemana lo ampara, pero nunca se ha implementado. Los expertos coinciden en que, sin precedentes, los jueces tendrán un amplio margen de interpretación. ¿Priorizarán el derecho a la propiedad privada? ¿Considerarán que hay alternativas antes que la expropiación? La CDU y las patronales advierten que el debate daña la economía alemana al poner en duda la estabilidad jurídica. Mientras tanto, otro partido crece en las aguas revueltas. La extrema derecha de Alternativa para Alemania culpa a la migración descontrolada de la crisis de vivienda. Werner rechaza esto como absurdo: casi la mitad de los berlineses, por sus bajos ingresos, podrían acceder a vivienda social si existiera. El problema no es quién llega, sino que no hay suficientes casas asequibles para nadie.