Francia se aproxima a un umbral fiscal que no había cruzado en treinta años: una deuda pública equivalente al 122% de su economía, más del doble de lo que la Unión Europea considera sostenible. En vísperas de elecciones presidenciales, el gobierno de Lecornu propone un ajuste de 54.000 millones de euros para intentar frenar una espiral que no es accidental, sino el resultado acumulado de gastar sistemáticamente más de lo que se recauda. Lo que está en juego no es solo la aritmética presupuestaria de París, sino la confianza de Europa en su segunda economía.