Desahuciados en Sol esperan decretos de vivienda mientras el Gobierno reintenta sus medidas

David Jiménez fue desahuciado hace dos semanas de su piso en el Ensanche de Vallecas, donde había vivido durante veinte años. Ahora duerme en casa de su vecina, que le cedió una habitación mientras cuida a su madre. A los 52 años, sin hogar propio, Jiménez acude cada día a la acampada de la Puerta del Sol porque cree que la organización ciudadana y la huelga general convocada por los sindicatos son su única esperanza real de conseguir una vivienda digna. El decreto que el Congreso rechazó el viernes pasado —que incluía medidas para frenar desahucios de personas vulnerables— llegaba demasiado tarde para él. Ya no tiene casa ni las protecciones que ese texto habría ofrecido.

El rechazo de esos decretos por parte del PP, Vox y Junts desencadenó la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes. Cinco días después del fracaso parlamentario, el Gobierno aprobó dos nuevos decretos que mantienen casi sin cambios las mismas medidas que habían sido tumbadas. El primero vuelve a incluir la paralización de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. El segundo plantea nuevamente la prórroga automática de contratos de alquiler. Ahora hay un plazo de treinta días para que la Diputación Permanente —el órgano que asume las funciones del Congreso tras su disolución— vote la convalidación de ambos textos. Esta vez el Gobierno no dependerá del apoyo de Junts, aunque seguirá necesitando reunir una mayoría suficiente.

Jiménez vivía en una vivienda asequible que pertenecía a la antigua Obra Social de La Caixa, pero que pasó a un fondo luxemburgués con capital estadounidense. Su contrato terminó en 2022, aunque continuó pagando la renta. El 23 de septiembre abandonó el apartamento, pero mantuvo el pago del mes completo. Ahora busca una habitación en el mercado privado, pero los precios lo superan: ha visto cuartos diminutos donde apenas cabe una cama por quinientos euros mensuales. Lamenta especialmente que las medidas sobre regularización del alquiler de habitaciones hayan sido rechazadas en el decreto tumbado. Su objetivo inmediato es encontrar un dormitorio asequible, pero confía en que la Diputación Permanente apruebe los dos nuevos textos que el Consejo de Ministros sacó adelante.

No es el único desahuciado en la acampada. Mariano Ordaz Martín, de 67 años, fue echado de su casa en el barrio madrileño de La Latina en mayo, después de que el Sindicato de Inquilinas lo ayudara en su desahucio. Su familia había habitado ese piso durante ochenta y seis años: su abuela llegó en 1940, después pasó a su padre, luego a su madre y finalmente a Ordaz. Ha vivido allí toda su vida, excepto los últimos cinco meses. Ahora el piso está vacío, protegido por una verja, con arañazos visibles en la puerta del desahucio y la cerradura cambiada. Ordaz conserva aún la llave del portal. Se levanta cada mañana a las ocho en Plaza de Castilla, donde un compañero del Sindicato le ha dado una habitación. Cruza todo Madrid para volver a su barrio, donde reparte periódicos entre amigos y, desde hace una semana, también acude a la acampada. No confía en las soluciones del Gobierno: las considera un parche. Apuesta por la solidaridad y la unión de la gente, que lo ayudó a frenar cuatro intentos de desahucio anteriores. Ahora intenta devolver ese apoyo: "Voy a respaldar a los compañeros, a ver si hay algo que arreglar y si puedo ayudar en algo".

Ámbar Nieres, de 43 años, llegó de Venezuela hace más de diez años con sus dos hijos. Vivió ocho años en una casa del barrio del Pilar en Madrid hasta ser desahuciada en 2024. Conserva un cuatro venezolano, instrumento típico de su país, que ha mantenido en todos sus desplazamientos. Su experiencia la llevó a participar en el Sindicato de Vivienda de Tetuán. Ahora compagina tres trabajos con su participación en la acampada, organizándose en turnos: sale del trabajo, se desplaza hasta allí, come en la acampada, se va y por la noche vuelve un rato más. Vive con sus hijos en un piso de la Sareb en la calle de Francos Rodríguez. Aunque tiene un contrato de siete años, asegura que se renueva anualmente y teme perder nuevamente su vivienda. Nunca ha estado conforme con el contenido de los decretos, ni los que se votaron el viernes ni los aprobados hoy por el Consejo de Ministros, porque considera que los criterios de vulnerabilidad son subjetivos y dejan fuera a mucha gente. Aunque una de las medidas contempla la paralización de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, aún no ha sido aprobada. Para ella no es suficiente. Apoya la huelga general y reafirma su temor: "Seguiremos a merced de que nos sigan echando de nuestras casas".