Defensoría lamenta muerte de 3 militares en ataque con drones contra batallón en Ocaña

El viernes por la noche, tres militares murieron cuando drones cargados con explosivos impactaron contra el cantón militar Trapiche en Ocaña, un municipio en el departamento de Norte de Santander. Los fallecidos fueron identificados como el capitán Marco David Pirajón Montezuma, el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo y el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. Las autoridades atribuyeron el ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que ha intensificado su presencia en la región durante los últimos meses.

La muerte de los tres uniformados desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades locales. El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, decretó un toque de queda que se extendió desde las diez de la noche del viernes hasta las cuatro de la mañana del sábado. El impacto no se limitó a los militares: el pánico se propagó entre la población civil del municipio, que se vio obligada a permanecer en sus hogares mientras las fuerzas de seguridad evaluaban la situación.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado expresando solidaridad con la fuerza pública y con las familias de los fallecidos. La entidad reconoció que los hechos generaron temor generalizado en todo el municipio y que el toque de queda fue una medida necesaria ante la magnitud del ataque. Sin embargo, el comunicado también reveló una realidad más profunda: Ocaña se encuentra bajo vigilancia activa con cuatro alertas tempranas en seguimiento continuo, indicador de que la violencia en la zona responde a dinámicas más complejas que un simple ataque aislado.

Según el análisis de la Defensoría, la región está experimentando una reconfiguración acelerada de las dinámicas de control territorial. El ELN ha consolidado un dominio predominante en varios municipios del Catatumbo, lo que ha obligado al Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP a replegarse de municipios como Ocaña, Ábrego y Río de Oro. La confrontación entre estos dos actores armados trasciende los límites del Catatumbo y se proyecta hacia municipios del sur del Cesar, ampliando el alcance de la violencia.

La disputa territorial responde a intereses económicos y estratégicos bien definidos. Ambas estructuras buscan controlar corredores de movilidad que conectan Norte de Santander con Cesar, asegurar rutas hacia el Catatumbo y la Ruta del Sol, y dominar economías ilícitas. Para financiarse, estas organizaciones han recurrido a extorsiones, secuestros y cobros forzados contra comerciantes, transportadores, ganaderos, expendedores de combustible y propietarios rurales. La Defensoría documentó que esta presión económica múltiple ha generado una situación de asfixia económica para los sectores productivos locales, además de provocar desplazamientos masivos de población que frecuentemente no son denunciados por temor a represalias.

La Defensoría respaldó la decisión del gobierno de diseñar una nueva estrategia para el Catatumbo, pero advirtió que la respuesta no puede limitarse al uso de la fuerza. En un comunicado dirigido al ministerio del Interior, la entidad señaló que aunque la respuesta disuasiva a través de operaciones militares es necesaria, resulta insuficiente en un escenario tan complejo. La protección integral de la población civil requiere intervención multisectorial que aborde las situaciones estructurales que alimentan la violencia: la ausencia de presencia estatal, las economías ilícitas, y la falta de oportunidades económicas legales.

Durante una reunión con el viceministro del Interior Rodrigo Lara, la Defensoría acordó una coordinación de alto nivel del Estado para responder a las alertas tempranas en Ocaña y otras regiones del país. Este acuerdo reconoce que la seguridad en territorios como este no puede resolverse únicamente con operaciones militares, sino que demanda una estrategia integral que combine presencia estatal, generación de oportunidades económicas y protección de derechos humanos. El desafío ahora es convertir ese acuerdo en acciones concretas que lleguen a una población que ha vivido bajo el control de actores armados y que enfrenta tanto la violencia directa como sus consecuencias económicas y sociales.