Defensoría condena ataque con drones a radar de Aerocivil como violación del DIH

La mañana del miércoles 16 de septiembre, un radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil fue atacado con drones equipados con explosivos. La instalación, ubicada en el corregimiento de El Carmelo en Candelaria, Valle del Cauca, quedó en el centro de una denuncia formal que la Defensoría del Pueblo presentó días después del incidente.

La Defensoría fue clara en su pronunciamiento: el ataque violó el Derecho Internacional Humanitario. El radar no es un objetivo militar. Es infraestructura civil, protegida por las normas que rigen los conflictos armados. Según la entidad, quienes ejecutaron el ataque incumplieron el principio de distinción del DIH, que obliga a las partes en conflicto a tomar todas las precauciones posibles para evitar o minimizar el daño a la población civil y a los bienes que la sirven.

Lo que hace grave este ataque no es solo la violación normativa. Es lo que pudo haber sucedido después. Un radar de vigilancia aérea no es un lujo administrativo. Es el sistema que permite que los aviones sepan dónde están, que eviten colisiones, que aterricen con seguridad. Cuando falla, todo lo que vuela está en riesgo. Los vuelos comerciales, sí, pero también los vuelos médicos que trasladan pacientes en estado crítico, las operaciones aéreas que sostienen servicios esenciales en una región donde muchas comunidades dependen del transporte aéreo para acceder a atención de salud.

La Defensoría advirtió que el ataque puso en peligro la vida y la integridad de quienes operan el servicio, de quienes lo usan, de quienes se benefician de él. No es una amenaza abstracta. Es el riesgo concreto de que alguien muera porque un avión no pudo volar, o porque voló sin la información que necesitaba para hacerlo seguro.

La entidad hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades competentes. Pidió que investiguen, que establezcan qué pasó, que determinen responsabilidades. También pidió que se tomen medidas para garantizar que las operaciones aéreas puedan continuar sin interrupciones.

Hubo un segundo llamado, dirigido a los grupos armados ilegales que operan en la región. La Defensoría les pidió que respeten a la población civil y los bienes públicos, que no realicen acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades. Es un recordatorio de que existen límites, incluso en la guerra, y que atacar infraestructura civil que sostiene servicios esenciales cruza una línea que el derecho internacional ha trazado con precisión.

El incidente deja sin respuesta una pregunta central: quién ejecutó el ataque y por qué. Mientras las investigaciones avanzan, el radar permanece dañado, y la región sigue viviendo con la incertidumbre de saber que la infraestructura que protege sus operaciones aéreas es vulnerable a ataques que violan las normas que deberían protegerla.