Defensoría alerta: 80% de comisarías carece de personal para combatir delincuencia

La Defensoría del Pueblo acaba de terminar el diagnóstico más exhaustivo jamás realizado sobre el estado de las comisarías en el Perú, y los números son contundentes: ocho de cada diez dependencias policiales no tienen suficientes efectivos para hacer su trabajo. Según los propios comisarios, falta incorporar más de seiscientos oficiales, cerca de diecisiete mil suboficiales y más de quinientos trabajadores civiles. Las carencias más agudas se concentran en Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura, regiones donde la brecha entre lo que existe y lo que se necesita es más profunda.

Esta escasez de personal golpea directamente donde más importa: en la investigación de delitos y en el patrullaje preventivo. Más de la mitad de las comisarías no tiene gente suficiente para investigar crímenes. El setenta y siete por ciento necesita reforzar su presencia en las calles. Lo que esto significa en términos concretos es que cuando alguien denuncia un robo, un asalto o un delito sexual, hay menos probabilidad de que haya un investigador disponible para tomar el caso. Cuando un barrio necesita presencia policial visible para disuadir la delincuencia, hay menos patrulleros para hacerlo.

Pero el problema no termina en la falta de gente. La infraestructura donde trabajan estos policías está en ruinas. Doscientas treinta y una comisarías funcionan en edificios con más de cincuenta años de antigüedad. Varias superan el siglo de existencia. Los pisos, las paredes, los techos: la mayoría está en mal estado o muy mal estado. Es un riesgo tanto para los policías que trabajan allí como para los ciudadanos que entran a hacer una denuncia. Solo ciento sesenta y seis comisarías obtuvieron certificado de seguridad en edificaciones en el último año, mientras que varias fueron declaradas inhabitables o en alto riesgo, principalmente en Lima, Apurímac, Puno y Callao.

La tecnología es otro frente de colapso. El setenta y dos por ciento de las comisarías no tiene telefonía fija. El veintiséis por ciento no tiene acceso a internet. Solo el veintiuno por ciento cuenta con radio de comunicaciones. Esto obliga a los policías a depender de teléfonos celulares con señal inestable para coordinar operaciones y responder emergencias. Treinta por ciento de los equipos informáticos está inoperativo, y en muchos casos esos equipos pertenecen a los propios efectivos, que han tenido que comprarlos de su bolsillo. Casi la mitad de la flota vehicular está fuera de servicio, con una proporción significativa de unidades que ya no se pueden recuperar. Muchos vehículos no tienen seguros, SOAT ni revisiones técnicas al día, lo que limita gravemente la capacidad de patrullaje.

Hay un detalle que revela el abandono institucional: en decenas de comisarías, los propios policías pagan de su dinero el agua, la electricidad, el internet y hasta la limpieza de los baños. El Estado no cubre estos gastos básicos. Esto no es solo una cuestión de comodidad; es un síntoma de que estas dependencias han sido olvidadas en los presupuestos nacionales.

En investigación criminal, el sesenta y siete por ciento de las comisarías no tiene personal suficiente en las secciones especializadas. La mayoría carece de espacios adecuados para guardar evidencias. Hay escasez de kits de criminalística, herramientas esenciales para recopilar indicios en una escena del crimen. Cuando un delito se investiga sin los recursos necesarios, la probabilidad de que el responsable sea identificado y procesado disminuye drásticamente.

El informe también señala un problema de gestión: no siempre se asigna a los comisarios con el grado, la jerarquía y la formación especializada que exige la ley. Esto debilita el liderazgo institucional y afecta la coordinación interna. Además, persisten carencias en capacitación con enfoque intercultural y en la aplicación de protocolos de derechos humanos. La mayoría de las comisarías no tiene espacios adecuados para personas detenidas, adolescentes infractores ni para que los detenidos hablen en privado con sus abogados.

La Defensoría advierte que es necesario actualizar la clasificación de las comisarías en las categorías A, B, C, D y E, porque la realidad urbana y rural del país ha cambiado: ha crecido la población, ha variado la incidencia delictiva, y las estructuras policiales no se han adaptado. Lo que esto significa es que el sistema completo de seguridad pública está operando con un mapa desactualizado, intentando responder a problemas de hoy con una arquitectura diseñada para ayer.