Décimo Circuito limita a ICE: no puede reiniciar el plazo de seis meses con cada nueva detención

En junio de 2025, agentes de ICE detuvieron a un hombre en el jardín de su casa en Kansas. Se llama Kaveh Abedi, es ciudadano iraní y había llegado a Estados Unidos en 1991. Había obtenido asilo y, en 2002, un aplazamiento de deportación bajo la Convención Contra la Tortura. Durante más de veinte años cumplió todas las condiciones de su orden de supervisión. Se había mudado a Kansas con autorización de la propia agencia, y los agentes no alegaron ningún incumplimiento.

De ese arresto salió una sentencia que el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito publicó el martes en el caso Abedi v. Carter, n.º 25-3179. El tribunal limita la capacidad de ICE para reiniciar el reloj de detención cada vez que vuelve a arrestar a una persona con orden final de deportación.

El punto central es la presunción de razonabilidad de seis meses que la Corte Suprema fijó en Zadvydas v. Davis, en 2001. Según el fallo, esa presunción aplica únicamente a los primeros seis meses que transcurren tras activarse el período de expulsión. El Gobierno, por tanto, no puede encadenar liberaciones y redetenciones para obtener nuevos períodos de custodia presuntamente válidos. La opinión mayoritaria, escrita por la jueza McHugh con la concurrencia del juez Phillips, añade que toda detención posterior a ese período inicial requiere un análisis individual que justifique la necesidad razonable de mantener a la persona privada de libertad para ejecutar una expulsión previsiblemente realizable.

La notificación de revocación de la libertad de Abedi decía que la expulsión a un país distinto de Irán era ahora una posibilidad. El Gobierno prometió además una entrevista informal pronta para que él pudiera responder a esos motivos, algo que exige el reglamento 8 C.F.R. § 241.13(i)(3). Admitió, sin embargo, que no la había realizado en más de seis meses. El tribunal consideró esa omisión perjudicial por sí misma, sin que Abedi tuviera que demostrar un daño adicional: si una agencia incumple una norma que protege garantías de debido proceso, la infracción invalida la acción aunque no se pruebe un perjuicio concreto.

El juez Eid presentó un voto particular disidente. A su juicio, el caso había perdido objeto cuando Abedi fue liberado en febrero de 2026, tras una segunda petición de habeas corpus, y la excepción que aplicó la mayoría debería reservarse a situaciones excepcionales.

Los límites del fallo son claros. No cancela órdenes de deportación, no concede residencia ni ningún beneficio migratorio nuevo y no prohíbe toda redetención. Solo aplica a personas bajo custodia posterior a una orden final conforme al 8 U.S.C. § 1231, no a quienes están detenidos durante procedimientos migratorios activos bajo otros estatutos.

Para los cubanos bajo supervisión, la relevancia es indirecta pero concreta. Cuba rechaza sistemáticamente recibir a sus nacionales deportados, lo que provoca detenciones prolongadas de personas con órdenes finales. En los últimos meses, ICE redetuvo a varios cubanos liberados por orden judicial sin alegar incumplimiento de condiciones, el mismo patrón que el Décimo Circuito cita en Abedi como señal de que el problema puede repetirse.

El alcance geográfico es decisivo. El Décimo Circuito cubre Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming, además de partes de Yellowstone en Montana e Idaho. Florida, donde vive la mayor comunidad cubana del país, pertenece al Undécimo Circuito y no queda vinculada por este precedente. El mismo martes, en un litigio independiente, una jueza en Florida ordenó a ICE revisar en 30 días la detención de un cubano cuya deportación tampoco es previsible. Cada situación requiere la valoración de un abogado de inmigración acreditado.