Decano del Colegio Médico pide prórroga de decreto sobre medicamentos genéricos

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, se presentó ante los micrófonos de RPP con una crítica directa al Ministerio de Salud: permitir que venciera en febrero un decreto fundamental para garantizar el acceso a medicamentos genéricos fue, en sus palabras, un descuido administrativo que afecta directamente a la población más vulnerable del país.

El decreto en cuestión había sido el instrumento legal que aseguraba la venta de medicamentos genéricos en las farmacias peruanas. Su expiración sin prórroga o conversión a norma permanente dejó sin protección a millones de personas que dependen de estos fármacos más económicos para tratar sus enfermedades. Urquizo fue claro en su diagnóstico: la mayoría de los peruanos no tiene recursos para comprar medicamentos de marca, y los genéricos son medicinas de calidad que cumplen su función terapéutica. El descuido, insistió, fue del Ministerio de Salud.

Ante esta situación, Urquizo dirigió un llamado urgente al ministerio, encabezado por César Vásquez, para que promulgara inmediatamente un nuevo decreto supremo que extendiera la venta de genéricos. Su argumento era pragmático: permitir que la población accediera a estos medicamentos facilitaría que las personas se atendieran mejor y recuperaran su salud con mayor rapidez. No era una petición ideológica, sino una solicitud basada en la realidad sanitaria del país.

Pero la crítica de Urquizo no se limitó a los medicamentos genéricos. También abordó la crisis del dengue que azotaba al país en ese momento, y aquí su tono se volvió más severo. Reconoció que el Ejecutivo había aumentado significativamente el presupuesto destinado a combatir la enfermedad, pasando de 40 millones de soles el año anterior a más de 100 millones en el año en curso. Sin embargo, señaló algo que muchos funcionarios públicos olvidan: el dinero por sí solo no resuelve los problemas de salud pública. Lo que falta es gestión ordenada, planificación cuidadosa y prevención estructurada.

La cifra que Urquizo mencionó fue contundente: más de 50 fallecidos por dengue hasta la fecha de su intervención. Esa mortalidad, argumentó, era evidencia de que las medidas implementadas no estaban funcionando. El Colegio Médico había comenzado a advertir sobre el problema desde la segunda semana de enero, cuando notaron que el número de casos superaba las proyecciones normales. Semana tras semana, los contagios aumentaban de manera significativa, y el colegio alertó repetidamente al Ministerio de Salud para que declarara el estado de emergencia.

Aquí surgió un problema más profundo: el ministro de Salud no manejaba información precisa sobre la magnitud real de la crisis. Cuando anunció que declararía en emergencia a cuatro regiones, la realidad era que ya eran veinte las regiones afectadas. Esa brecha entre lo que el ministro creía que estaba sucediendo y lo que realmente ocurría en el terreno revelaba un fallo fundamental en los sistemas de información y coordinación del ministerio. Las advertencias del Colegio Médico, que provenían de profesionales en contacto directo con los pacientes, no habían sido procesadas adecuadamente por la administración sanitaria.

Lo que emergía de estas críticas era un patrón: un ministerio que permitía que normativas importantes expiraran sin renovarlas, que no contaba con información actualizada sobre crisis sanitarias en desarrollo, y que respondía con retrasos a las alertas de los profesionales médicos. Para Urquizo, ambos problemas —el de los medicamentos genéricos y el de la gestión del dengue— apuntaban a la misma raíz: una administración sanitaria que no estaba a la altura de los desafíos que enfrentaba el país.