En un giro que redefine la relación del Estado colombiano con los grupos armados, el presidente Abelardo de la Espriella clausuró formalmente las mesas de diálogo heredadas de la 'paz total' de Gustavo Petro, revocando reconocimientos a negociadores y ordenando capturas y extradiciones. El cierre no es solo administrativo: es una declaración filosófica sobre cómo un gobierno entiende la legitimidad, la violencia y los límites del diálogo. Donde su predecesor vio en la palabra una herramienta de transformación, De la Espriella ve en la ley el único lenguaje válido frente a quienes portan armas.