De la Espriella promete recuperar orden, autoridad y libertad en su primer discurso presidencial

Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 en circunstancias que marcaron un quiebre con la tradición: su investidura tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, la primera vez que una ceremonia presidencial se realizaba fuera de Bogotá. Horas después, en el Cantón Militar Pichincha de la misma ciudad, pronunció su primer discurso ante las tropas de las Fuerzas Militares y la Policía, estableciendo los ejes que definirán su gobierno durante los próximos cuatro años.

De la Espriella, abogado de profesión, abrió su intervención con una promesa central: cerrar lo que llamó un "largo capítulo de resignación nacional". Comprometió su administración a recuperar el orden, la autoridad y la libertad del Estado. Dirigiéndose tanto a quienes lo votaron como a quienes eligieron otras opciones políticas, afirmó que su gobierno serviría al bien común y que quienes no creyeron en su propuesta lo comprobarían a través de los hechos. Advirtió también que no habría espacio para maniobras contra el ejercicio legítimo de su mandato.

En materia económica, el nuevo presidente presentó un paquete de medidas orientadas a recuperar la confianza de los inversores. Anunció que firmaría en las próximas horas un decreto de congelamiento del gasto público, presentaría una reforma tributaria estructural y eliminaría el impuesto al patrimonio. Sin embargo, aclaró que esta austeridad no recaería sobre los más vulnerables: los programas para poblaciones en situación de pobreza serían preservados mientras desaparecerían el despilfarro y el abuso. De la Espriella prometió también fortalecer la iniciativa privada, la inversión y el empleo digno a través de lo que denominó una "regeneración moral e institucional" que desterrara el odio y el resentimiento por encima de las diferencias ideológicas.

En seguridad, De la Espriella fue categórico: el diálogo con grupos armados ilegales está "completamente agotado". Anunció que su gobierno expediría en las próximas horas un listado de grupos narcoterroristas y atacaría sin contemplaciones al narcotráfico y las organizaciones criminales. Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz, expresó que la revisaría "con absoluto rigor", cuestionando su naturaleza y efectos. Para combatir los cultivos ilícitos, especialmente la coca, implementaría fumigación con herbicidas de última generación. También autorizaría el fracking, la técnica de fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos, argumentando que Colombia no podía resignarse a reservas de petróleo limitadas ni a una caída en la producción de gas.

En lo institucional, De la Espriella reafirmó su compromiso con la independencia de los poderes públicos y prometió mantener una relación armónica con el Congreso. Enfatizó que todas las fuerzas políticas gozarían de las mismas garantías, que nadie sería perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al gobierno, y que las minorías tendrían derecho a controvertir con las garantías de la Constitución y la ley. Descartó categóricamente la apertura de una asamblea constituyente de ninguna naturaleza.

Crítico con la administración saliente de Gustavo Petro, De la Espriella acusó que los cuatro años que terminaban estuvieron marcados por un manejo de recursos públicos que "indigna a cualquier ciudadano honrado". Prometió implementar herramientas modernas para detectar el uso indebido de fondos públicos y no tolerar escándalo de corrupción alguno. Anunció que su equipo ya había documentado actos de corrupción durante el gobierno anterior y que toda la información sería entregada a la Fiscalía y a organismos internacionales. Señaló específicamente que las fronteras no podían convertirse en refugio de la corrupción, en alusión al caso de Carlos Ramón González, prófugo por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De la Espriella identificó la recuperación de Ecopetrol como una "prioridad definitiva y absoluta", argumentando que la empresa había sido "alevosamente depredada" y que su solidez era asunto de soberanía nacional. Prometió ampliar las reservas estratégicas y atraer inversión al sector energético, reconociendo simultáneamente la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias. En salud, anunció que corregiría las decisiones equivocadas que llevaron a la crisis del sistema y trabajaría sin ideologías para recuperar lo deteriorado. Finalmente, señaló que su gobierno libraría una batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina y el respeto por la ley. Cerró su discurso con un homenaje a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial asesinado en 2025, a quien atribuyó víctima de los "interlocutores del régimen que hoy termina".