En una región donde el crimen organizado, la migración irregular y la marginalización histórica de comunidades indígenas se entrelazan desde hace décadas, el presidente Abelardo De la Espriella viajó a La Guajira el 17 de septiembre para declarar, con presencia física, que el Estado tiene la intención de actuar. Su orden más contundente —que el director de Migración Colombia abandone Bogotá y se instale en el territorio— es tanto una crítica a la gestión a distancia como una apuesta por la coordinación directa como herramienta de gobernanza. La pregunta que subyace no es si el gobierno se muev