Tres semanas después de su posesión, el presidente Abelardo de la Espriella ofreció disculpas públicas por los actos religiosos que acompañaron su ceremonia del 7 de agosto, en cumplimiento de un fallo judicial que encontró en esos ritos una tensión con el principio de neutralidad del Estado. El caso abre una pregunta que las democracias modernas raramente resuelven con facilidad: dónde termina la fe personal del gobernante y dónde comienza la obligación institucional de no favorecer ninguna creencia ante el conjunto de los ciudadanos.