De la Espriella asume presidencia con agenda conservadora pero limitada por contrapesos legislativos

Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de Colombia este viernes sin trayectoria política previa, pero con convicciones que ha expresado sin ambigüedad. En materia de seguridad, su mensaje es directo: los grupos armados pueden someterse a la justicia o enfrentar la fuerza militar. Estas posiciones, enmarcadas dentro de un discurso conservador, han generado inquietud entre organizaciones feministas y colectivos LGBTIQ+. Su movimiento, Defensores de la Patria, ha sido etiquetado por la oposición como "extrema derecha", aunque académicos debaten si encaja mejor en categorías como "derecha populista" o una "nueva derecha" distinta a las que gobernaron Colombia durante dos siglos antes de la llegada de Gustavo Petro en 2022.

Las propuestas de seguridad de De la Espriella retoman fórmulas conocidas. Ha anunciado bombardeos a cargamentos de droga y campamentos narcoterroristas, fumigaciones de cultivos de coca y construcción de megacárceles. Los bombardeos evocan la controvertida operación de Trump contra embarcaciones sospechosas en aguas sudamericanas y caribeñas, que ha dejado más de 200 muertos desde agosto de 2025. Las fumigaciones recuerdan políticas ejecutadas por gobiernos anteriores de mano dura, como el de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Las prisiones siguen el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, un enfoque que ha reducido la criminalidad pero también ha erosionado derechos humanos según Amnistía Internacional. Héctor Galeano, investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe, describe esta visión como "enmarcada en el trumpismo, en la seguridad tradicional basada única y exclusivamente en la fuerza". El problema es que Colombia ha alternado entre políticas de mano tendida y mano dura durante más de 60 años de conflicto armado sin resolver el enfrentamiento entre el Estado, guerrillas y grupos paramilitares y criminales. Las primeras son cuestionadas por parecer complacientes; las segundas preocupan porque históricamente han coincidido con empoderamiento paramilitar y abusos de autoridades. Una propuesta particularmente controversial es la creación de frentes de seguridad ciudadanos en cinco ciudades, incluyendo Bogotá y Barranquilla. El paramilitarismo colombiano dejó un rastro de desapariciones, masacres y abusos contra civiles, y algunos de sus miembros desmovilizados terminaron en el narcotráfico. De la Espriella rechaza cualquier negociación con grupos armados y critica duramente la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con las Farc. Lo que falta es claridad. Su propuesta de seguridad enumera qué quiere hacer pero no cómo hacerlo. "No hay claridad, ni documentos que algún colega o yo conozcamos que permitan ver cómo se desarrollaría", dice Galeano. Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, añade que "muchas de sus propuestas son más eslóganes que políticas concretas".

En relaciones internacionales, De la Espriella ha señalado un giro radical aunque no lo incluyó en su documento de propuestas formales. Designó como canciller a Omar Bula Escobar, exfuncionario de las Naciones Unidas que se describe a sí mismo como cristiano y prooccidental. En redes sociales, Bula ha caracterizado la pandemia de covid, el cambio climático y la ideología de género como "temas importados, promovidos por una agenda global que esquiva los verdaderos problemas nacionales". Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, ve en este nombramiento un rechazo al multilateralismo, "una tradición de la que Colombia ha estado muy de la mano y de la cual se ha beneficiado en las últimas décadas". En una entrevista con la revista Semana antes de las elecciones, De la Espriella no descartó retirar la representación de Colombia de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que no habían traído beneficios sino gastos, y que la ONU y la OEA son "directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada". El alcance de este giro es amplio: cierre de 14 embajadas y 15 consulados, ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba (país que fue garante de paz en los acuerdos con las Farc), y reapertura de la embajada en Jerusalén, Israel, con quien Petro había roto relaciones por el conflicto en Gaza. De la Espriella justificó los cierres consulares como reducción de gastos y describió Nicaragua y Cuba como "tiranías". Lo que sí parece claro es que se reforzará la alianza estratégica con Estados Unidos, cuyo presidente Trump apoyó abiertamente la campaña de De la Espriella tras enfrentamientos con Petro. Quedan interrogantes sobre cómo esto afectará las relaciones con China, un consorcio que se fortaleció bajo el gobierno saliente.

De la Espriella ha prometido una "batalla cultural" en su gobierno. Laura Bonilla observa que "Colombia, independientemente de su tradición conservadora, ha sido un país liberal y laico", y considera que esta batalla cultural es uno de los frentes más polémicos del nuevo gobierno. De la Espriella se convirtió a la fe cristiana hace seis años y recibió apoyo de sectores evangélicos. Para ministerios clave como Educación y Cultura eligió perfiles conservadores. En Educación designó a Viviane Morales, exsenadora y exfiscal general que en el Senado impulsó un referendo para consagrar "la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer", una iniciativa que finalmente fue archivada. Bonilla advierte que "se percibe que habrá apoyos del gobierno a bancadas antiderechos y provida en el Congreso, que quieren promover una agenda de limitación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Basset añade que "hay que ver cómo se traducirá la batalla cultural. No estoy seguro de qué tan central sea en su política, pero sí provocará peleas simbólicas importantes". Ya está sucediendo: la oposición y colectivos feministas temen por derechos como el acceso al aborto.

Pero De la Espriella enfrentará contrapesos legislativos significativos. Aunque prometió una batería de decretos en sus primeros días, muchas de sus ambiciones requieren aprobación del Congreso. "Lo que logre dependerá de los apoyos que consiga. Hay muchas cosas que no podrá hacer por decreto. Le guste o no, las reformas de fondo tienen que pasar por el Congreso", dice Basset. Las matemáticas no favorecen al nuevo presidente. Su movimiento aliado, Salvación Nacional, cuenta con apenas 4 senadores de 103. Varias bancadas de derecha le han ofrecido apoyo, como Centro Democrático, el partido de Uribe, pero las alianzas tienen costo. A fines de julio, Uribe y De la Espriella protagonizaron una disputa retórica y política por la presidencia del Senado, batalla que ganó Uribe con la elección de Honorio Henríquez como aliado del expresidente. A esto se suma el contrapeso de la oposición: Pacto Histórico, el partido de Petro, es la fuerza principal del Congreso con 25 senadores. Su candidato presidencial, Cepeda, quedó a apenas 250.000 votos de repetir un gobierno de izquierdas en Colombia, y detrás tiene prácticamente a la mitad de la población votante inconforme del país.