De la Espriella anuncia plan anticorrupción, reducción estatal y austeridad

Después de ocho horas de deliberación con su gabinete completo, el presidente Abelardo de la Espriella se presentó en Barranquilla para anunciar un conjunto de medidas dirigidas a tres frentes simultáneamente: desmantelar estructuras de corrupción en la contratación estatal, reducir el tamaño de la administración pública y establecer una política rigurosa de austeridad. El Consejo de Ministros, reunido en la sede alterna de la Presidencia en la capital del Atlántico, también fijó como prioridades la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto, la recuperación económica y la presentación de un nuevo Código Nacional de Tránsito.

El presidente identificó lo que llamó "roscas"—estructuras de concentración en la contratación estatal—como el punto crítico donde reside el problema. Su administración llevará a cabo una revisión exhaustiva de las relaciones entre contratistas, funcionarios, exfuncionarios, intermediadores y particulares para detectar patrones que direccionen recursos públicos hacia grupos específicos. De la Espriella anunció la creación de un "mapa de concentración del Estado" que mostrará cuántos contratos ha recibido cada contratista, hacia dónde fluyen los recursos y qué resultados concretos se han entregado. La intención declarada es reorientar la contratación hacia resultados medibles en lugar de favorecer intereses particulares.

En cuanto a la estructura estatal, el Gobierno ordenó una revisión integral de todas las entidades y dependencias para identificar duplicidades de funciones, gastos innecesarios y estructuras que puedan ser rediseñadas, fusionadas o eliminadas. De la Espriella enfatizó que cada entidad debe tener una misión clara, competencias definidas y resultados concretos que mostrar a los ciudadanos. Anunció también la simplificación de trámites, la creación de ventanillas únicas donde sea posible y la eliminación de burocracia que no genere resultados. Su mensaje fue directo: no se necesita un Estado más grande, sino uno que funcione mejor, donde cada peso invertido en su funcionamiento esté justificado.

La reforma al Código Nacional de Tránsito, vigente desde 2002, ocupó un lugar prominente en los anuncios. De la Espriella señaló que la normativa actual, a pesar de cinco reformas posteriores, permanece desconectada de la realidad económica de los colombianos. El presidente trabaja con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para construir una nueva regulación que modifique el sistema actual de multas, trámites y costos vehiculares. Su crítica fue específica: las sanciones actuales afectan de manera desproporcionada a familias que dependen de motocicletas o vehículos para trabajar. Describió un escenario donde una multa, sumada a intereses, costos de patios y grúas, puede costar más de un salario mínimo y llevar a una familia a perder el vehículo con el que obtiene su sustento.

La propuesta de reforma contempla multas más justas y proporcionales, reducción de costos asociados al RUNT y SIMIT, cursos de capacitación a menor precio, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para revisiones técnico-mecánicas. De la Espriella aclaró que el objetivo no es disminuir los controles de seguridad vial, sino evitar que los trámites y sanciones se conviertan en un negocio que extraiga recursos de los ciudadanos. También denunció la existencia de estructuras que obtienen beneficios económicos alrededor del sistema de tránsito, incluyendo lo que describió como "mafias grandes" operando desde Barranquilla, y aseguró que serán combatidas.

Durante el Consejo de Ministros también se revisaron medidas de apoyo para empresas y trabajadores afectados por la crisis energética y el terremoto. El Gobierno analiza alternativas de financiación internacional, incluyendo mecanismos multilaterales y acuerdos con países aliados, para movilizar recursos destinados a la recuperación. Se revisaron también los lineamientos relacionados con la reforma pensional. El presidente cerró su presentación reiterando que su administración busca que cada peso destinado al funcionamiento del Estado esté justificado y que las decisiones adoptadas se traduzcan en resultados concretos para los colombianos.