De La Espriella anuncia acuerdo con aseguradoras para acelerar pagos a damnificados

El presidente Abelardo De La Espriella se presentó el miércoles ante la prensa desde el Palacio San Carlos en Bogotá con un anuncio que buscaba despejar una de las incertidumbres más urgentes que enfrentan decenas de miles de colombianos: cómo y cuándo recibirán el dinero que las aseguradoras les deben tras el terremoto del 10 de agosto. Tras reunirse con representantes del sector asegurador, el mandatario describió un acuerdo diseñado para acelerar los pagos de pólizas y facilitar la distribución de subsidios estatales a los damnificados. La medida central es técnica pero potencialmente transformadora: el Gobierno cruzará su información oficial con las bases de datos de las compañías de seguros, eliminando la necesidad de que cada ciudadano afectado presente documentación duplicada o espere a que múltiples instituciones se comuniquen entre sí.

De La Espriella fue explícito sobre un punto que había generado alarma en las últimas semanas. Los afectados disponen de dos años, no dos días, para presentar sus solicitudes ante las aseguradoras. La aclaración era necesaria: versiones contradictorias habían circulado sobre plazos imposibles que habrían dejado a miles de personas sin tiempo para tramitar sus reclamaciones. El presidente también anunció que las viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 —la clasificación colombiana para hogares de menores ingresos— y las viviendas de interés social recibirán atención prioritaria en el procesamiento de reclamos. Sin embargo, aclaró que esta priorización no significaría la exclusión de otros asegurados del sistema.

Otra decisión que surgió del acuerdo aborda un problema administrativo que habría complicado la vida de muchos propietarios. Cuando una vivienda o copropiedad cuenta con pólizas emitidas por diferentes compañías de seguros, serán las propias aseguradoras las que coordinen entre sí la atención y definan los procedimientos. De La Espriella fue directo en su justificación: "No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta". La frase capturaba una realidad que muchos damnificados ya estaban viviendo: la burocracia multiplicada en el momento de mayor vulnerabilidad.

El anuncio llegó el mismo día en que De La Espriella presidiría su primer consejo de ministros para firmar el decreto de emergencia económica, una herramienta anunciada la semana anterior para movilizar recursos y coordinar la respuesta estatal a la catástrofe. Los números que el presidente presentó ese miércoles al mediodía pintaban la magnitud de lo que el país enfrentaba. El terremoto había dejado 314 personas fallecidas según el balance presidencial, aunque el Instituto de Medicina Legal reportaba haber recibido 319 cuerpos e identificado a ese mismo número. La cifra de muertos seguía siendo un dato en movimiento, ajustándose conforme avanzaban las labores de identificación.

La geografía del desastre era vasta. Quince departamentos y 471 municipios resultaron afectados. En esos territorios, 262.154 personas fueron clasificadas como damnificadas, distribuidas en 147.464 familias. Además de los muertos, 4.437 personas habían resultado heridas y 262 permanecían desaparecidas. Los daños materiales eran igualmente devastadores: 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales. La infraestructura crítica también había sufrido: 3.470 centros educativos y 352 centros de salud presentaban afectaciones. Las vías de comunicación estaban comprometidas con 449 carreteras dañadas, 58 puentes vehiculares destruidos, 13 puentes peatonales, 105 acueductos fuera de servicio y cinco aeropuertos con daños.

El epicentro del terremoto había sido el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó, una región que ya enfrentaba desafíos de accesibilidad y recursos limitados. Los expertos consideraban este evento una de las mayores tragedias naturales registradas en Colombia en las últimas décadas. El acuerdo anunciado ese miércoles representaba un intento de que, al menos en el frente de las indemnizaciones aseguradas, la respuesta institucional fuera más rápida y menos fragmentada que en desastres anteriores. Pero la verdadera prueba sería si las aseguradoras cumplían con los compromisos adquiridos y si el cruce de información entre el Gobierno y las compañías funcionaba en la práctica con la velocidad que miles de familias sin hogar necesitaban.