Cumplir 18 años en un centro de menores: el abrupto fin de la tutela para migrantes

Cada año, decenas de menores migrantes que viajaron solos hasta Ceuta son trasladados a centros de acogida en la Península. Durante meses o años, viven bajo tutela estatal: tienen un lugar donde dormir, acceso a servicios, un adulto responsable de su bienestar. Luego llega el día en que cumplen 18 años, y todo eso termina.

No es un proceso gradual. No hay transición planificada hacia la independencia. El sistema de protección a menores simplemente se detiene en la medianoche de su cumpleaños. Lo que sucede después depende de dónde vivan y de qué recursos tenga disponibles su comunidad autónoma. Algunos jóvenes acceden a pisos tutelados, espacios donde pueden seguir viviendo con apoyo mientras se preparan para la vida adulta. Otros son derivados a albergues de emergencia. Muchos terminan en la calle.

La realidad es que las plazas en pisos tutelados son insuficientes. El número de adolescentes que cumplen 18 años cada mes supera con frecuencia la capacidad del sistema para alojarlos. Esto no ocurre de manera uniforme en todo el país. Algunas comunidades autónomas han invertido más recursos en programas de transición a la vida adulta; otras apenas tienen infraestructura. Un joven extutelado en una región puede tener acceso a formación profesional, vivienda supervisada y orientación laboral. El mismo joven, nacido el mismo día pero criado en otra comunidad, podría encontrarse durmiendo en un parque.

Varios de estos jóvenes han compartido sus historias. Uno de ellos, reflejando sobre el momento en que dejó de ser protegido por el Estado, lo expresó con una claridad que resume la experiencia: la gente cree que cumplir 18 años te convierte automáticamente en adulto, que eso te resuelve la vida. Pero no es así. A los 18 años, muchos de estos chicos siguen siendo adolescentes en términos de madurez emocional y desarrollo. Algunos llevan apenas un año o dos en España. No hablan el idioma con fluidez. No tienen redes familiares, amigos de la infancia, o conexiones que la mayoría de los españoles de su edad dan por sentado. Y de repente, deben valerse por sí solos.

El contraste es brutal. Mientras están bajo tutela, tienen derecho a educación, atención médica, asesoramiento psicológico. Hay un trabajador social responsable de ellos. Hay un protocolo. Hay alguien que se preocupa por si van a la escuela, si comen bien, si están seguros. Al día siguiente de cumplir 18 años, esa red desaparece. Ya no son responsabilidad del Estado. Son adultos, legalmente hablando, aunque muchos nunca hayan vivido solos, nunca hayan pagado un alquiler, nunca hayan navegado un sistema de salud o de empleo en un país que no es el suyo.

La geografía del problema revela una falta de coordinación nacional. No existe un estándar común para qué sucede después de los 18. Cada comunidad autónoma diseña sus propios programas, con presupuestos distintos y prioridades distintas. El resultado es un mosaico de oportunidades y abandono. Algunos jóvenes extutelados reciben apoyo para encontrar trabajo; otros son simplemente dados de alta del sistema. Algunos tienen acceso a vivienda supervisada durante años; otros reciben una dirección de un albergue y un número de teléfono.

Esta ruptura abrupta en la protección plantea preguntas incómodas sobre qué significa el Estado de bienestar en España, y a quién protege realmente. Los menores migrantes no acompañados son, por definición, vulnerables: están lejos de casa, sin familia, sin redes de apoyo. El sistema reconoce esa vulnerabilidad mientras son menores. Pero la vulnerabilidad no desaparece a los 18 años. Muchos de estos jóvenes siguen siendo tan frágiles, tan dependientes de ayuda institucional, como lo eran a los 17. La diferencia es que ahora el sistema ya no los ve como su responsabilidad.