Cumpleaños de capo y libertad de otro: parranda ilegal en Itagüí desata crisis en diálogos del Gobierno

El miércoles 8 de abril, los patios 1 y 3 de la cárcel de Itagüí en Antioquia se convirtieron en escenario de una fiesta vallenata que nadie había autorizado. El cantante Nelson Velásquez actuó ante reclusos que incluían cabecillas de bandas criminales con los que el gobierno Petro llevaba meses en conversaciones formales. La celebración incluyó alcohol y entrada de mujeres al penal, todo sin permiso del Instituto Nacional Penitenciario. La denuncia pública de la exfiscal y concejal Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, desencadenó una crisis política inmediata: el gobierno suspendió el Espacio de Conversación Socio-Jurídico, la mesa de diálogo que mantenía con estos líderes criminales desde el famoso evento del 21 de junio de 2025, cuando varios de ellos aparecieron públicamente con el presidente Gustavo Petro y sus ministros.

La investigación interna del Inpec ya ha suspendido a siete funcionarios y busca establecer quién financió la parranda con 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones llegaron a manos del cantante. El manager de Nelson Velásquez indicó que un sujeto identificado como Carlos fue quien contrató la presentación. Pero mientras los detalles del pago se esclarecen, otros internos han comenzado a revelar información sobre lo que realmente se celebraba esa noche. Una de las primeras líneas de investigación apunta a que la fiesta marcaba el cumpleaños de uno de los cabecillas, posiblemente acompañado por la inminente liberación de otro recluso.

Las fuentes dentro del penal señalan que la celebración correspondía al cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, miembro de la banda criminal La Agonía, cuya fecha de nacimiento es el 10 de abril de 1987. Pocho está procesado por concierto para delinquir agravado y porte de armas. Cuando se intentó contactar a sus abogados para confirmar su participación en la fiesta o su vínculo con el cumpleaños, uno de ellos aseguró que respondería en cinco minutos. Al cierre de la edición, ninguno había confirmado nada.

José Leonardo Muñoz, alias Douglas, jefe de la llamada Oficina de Envigado y condenado a 32 años de prisión, envió una carta negando que en el patio 3, donde él permanece, hubiera habido celebración alguna. Douglas argumentó que su condición médica le impide consumir alcohol. Sin embargo, la investigación también indaga una segunda línea: la posible liberación de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, otro capo de la Oficina de Envigado que habría contribuido económicamente a la parranda. Se verifica si un juez de penas y medidas está expediendo su boleta de libertad en las próximas horas. Su abogado tampoco se ha pronunciado.

Lo que comenzó como una fiesta ilegal en un penal se ha convertido en evidencia de algo más profundo: la capacidad que mantienen estos cabecillas para movilizar recursos, coordinar eventos y ejercer control desde adentro de la cárcel. Las autoridades de Antioquia advierten que el incidente muestra los alcances reales de estos líderes criminales, varios de los cuales continúan delinquiendo desde el interior del penal y, según las investigaciones, buscan ejercer presión sobre las próximas elecciones presidenciales. La suspensión de los diálogos de paz marca un punto de quiebre en la estrategia del gobierno Petro, dejando sin claridad cuál será el siguiente paso en las negociaciones con estas organizaciones.