Cuba registró más de 8.400 protestas en 2024, un aumento del 31% por crisis total

Cuba cerró 2024 con un estallido de descontento sin precedentes. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 8.443 manifestaciones y declaraciones públicas durante el año, un salto del 31 por ciento respecto a los 5.749 registrados en 2023. Los números crudos cuentan una historia de una población que ha llegado a un punto de quiebre: hambre, apagones que duran veinticuatro horas, servicios públicos colapsados, y una represión que no cede.

La muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas en diciembre pone rostro a esa represión. El joven había participado en las masivas protestas del once de julio de 2021 contra el régimen. En diciembre pasado murió bajo custodia policial. La versión oficial fue que se suicidó. Su madre, Diana María Esplugas, rechaza esa narrativa con una claridad que no deja espacio para ambigüedad: su hijo fue golpeado hasta la muerte, torturado, sometido a una brutalidad que ella describe como horrible. Su testimonio expone lo que sucede cuando el descontento encuentra respuesta en la violencia estatal.

La crisis que alimenta estas protestas tiene múltiples caras. La escasez de alimentos y la inflación generaron 129 denuncias documentadas. El gobierno había lanzado una campaña contra el sector privado que redujo la oferta de comida en los mercados, y luego anunció la eliminación de subsidios a la canasta básica. Los apagones, que alcanzaron cortes totales del sistema eléctrico, provocaron 122 manifestaciones. Estos no son cortes menores: son interrupciones de veinticuatro horas que impiden cocinar, que dejan sin refrigeración los medicamentos, que paralizan el cuidado de los enfermos. Fue el tercer colapso total del sistema eléctrico en 2024. La inseguridad ciudadana también está presente, con dieciséis homicidios y cuarenta y seis casos de robos y estafas documentados.

Diciembre fue particularmente tenso. El Observatorio registró 760 protestas ese mes, apenas un cuatro por ciento menos que noviembre, que había tenido 792. De esas 760, ciento cuarenta y nueve fueron caracterizadas como desafíos directos al Estado. Lo notable es que muchas ocurrieron en redes sociales, un cambio respecto a noviembre cuando las protestas físicas dominaban las calles durante los apagones. La represión también se adapta: el acoso contra opositores, periodistas y empresarios privados es sistemático. Se documentaron muertes de presos políticos y comunes.

La académica disidente Alina Bárbara López capturó el sentimiento que atraviesa la isla: nada mejorará mientras el gobierno y el sistema que lo sostiene sigan en pie, un sistema que solo sabe construir hoteles vacíos y llenar cárceles. Esa observación apunta a algo que el Observatorio subraya en su análisis: las protestas han evolucionado. Ya no se trata solo de demandas puntuales sobre comida o electricidad. Ahora apuntan directamente al sistema político como la raíz de la crisis. Es un cambio en la conciencia ciudadana, una reorientación del descontento hacia las estructuras de poder mismas.

La represión es sistemática y documentada. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifra en más de mil las personas encarceladas por razones políticas. Uno de los casos más emblemáticos es el de José Daniel Ferrer, un preso político cuyo caso expone las grietas en el sistema legal. El activista Manuel Cuesta Morúa presentó un recurso de apelación señalando que Ferrer lleva ciento veinticuatro días en lo que califica como encierro ilegal. El Tribunal Supremo respondió fuera de plazo, violando los términos que la ley establece para procesos sumarios. El documento de respuesta llegó cinco días después del límite de setenta y dos horas que marca la ley 143. Incluso cuando los activistas recurren a los mecanismos legales disponibles, encuentran un sistema que se retuerce para evitar que funcionen.

El Consejo para la Transición Democrática de Cuba, del cual Cuesta Morúa es vicepresidente, ha documentado estas irregularidades. Lo que emerge de todos estos datos es un cuadro de una isla en tensión extrema: una población que protesta cada vez más, un gobierno que responde con represión, y estructuras legales que parecen diseñadas para bloquear cualquier vía de reclamo institucional. Las protestas seguirán, porque las condiciones que las generan no han cambiado. La pregunta que queda abierta es hacia dónde apunta ese cambio en la conciencia ciudadana.