Cuba promete reformas económicas sin ceder control político, generando desconfianza

En junio, Miguel Díaz-Canel se dirigió a su gabinete con palabras que sonaban a confesión de derrota. Cuba atravesaba "las horas más difíciles de este siglo", dijo el presidente cubano. La realidad, explicó, exigía cambios urgentes. Lo que durante décadas el régimen había evitado estaba finalmente aquí: la isla tendría que abrirse al mercado. Díaz-Canel reconocería después que la decisión le dolía profundamente. "Claro que me duele", confesó a la cadena rusa RT en Español, porque esas medidas iban "en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado". El Gobierno cubano acababa de hipotecar, al menos públicamente, su propio proyecto socialista.

La presión había sido implacable. Desde principios de año, cuando la Casa Blanca intensificó su cerco energético, la vida en la isla se volvió casi insostenible. Los pacientes morían por falta de medicinas. Los mendigos ocupaban las calles. Las personas ganaban poco más de quince dólares mensuales para comprar alimentos a precios inflados. Los apagones eran tan frecuentes que la gente salía a las calles con cacerolas vacías, golpeándolas en protesta. Según fuentes estatales, la tasa de supervivencia de niños con cáncer cayó del ochenta y cinco por ciento al sesenta y cinco por ciento desde el bloqueo estadounidense. Cien mil menores de siete años dejaron de recibir el litro diario de leche que el Estado proporcionaba. En 2025, apenas treinta mil turistas visitaron la isla, una cifra que reflejaba el colapso del sector.

En agosto, el Gobierno anunció un paquete de ciento setenta y seis medidas económicas, el más radical desde 1959. Las reformas autorizaban inversión extranjera sin mediación estatal, permitían la creación de bancos privados, flexibilizaban los salarios, eliminaban subsidios universales y abrían sectores como la energía al capital privado. Ricardo Torres, economista exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, las describió como "verdaderas rupturas, simbólicas y prácticas, con pilares del modelo socialista clásico". Si se aplicaban tal como se proponían, cambiarían sustancialmente la configuración económica cubana: habría más propiedad privada, más mercado, y transformaciones notables en la concepción de la política social.

Pero el régimen insistía en que no se trataba de un giro hacia el capitalismo. El primer ministro Manuel Marrero Cruz recalcó que era una "actualización del modelo socialista". Díaz-Canel reiteró: "No hay traición a la construcción socialista, ni por principio, ni por convicción, ni por acción". La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, argumentó que "la propiedad seguirá estando en manos del pueblo de Cuba y eso es esencialmente socialista". Sin embargo, economistas como Miguel Alejandro Hayes cuestionaban esta narrativa. Cuba, argumentaba, no pasaba del socialismo al capitalismo, sino de un capitalismo de Estado al estilo soviético a un capitalismo de propiedad privada más clásico. El Gobierno había manejado el país como una parcela de su propiedad durante décadas, restringiendo libertades, ejerciendo control represivo, y concentrando ganancias a través del Grupo de Administración Empresarial, Gaesa, que monopolizaba ingresos del turismo, importaciones y telecomunicaciones.

Lo que realmente preocupaba a expertos y empresarios era que el régimen no había mencionado cambio político alguno. Hayes planteaba la pregunta fundamental: "Si la propiedad está en manos del Gobierno, ¿qué capitalismo es ese?". En Cuba, la propiedad privada sobre un negocio era totalmente reversible y arbitraria. Una comisión aprobaba la actividad, el poder autorizaba, fiscalizaba y revocaba a discreción, por razones políticas o personales. El Estado seguía siendo el verdadero dueño de los derechos; solo cedía el uso y la ganancia, nunca la facultad de disponer. Yulieta Hernández Díaz, ingeniera y CEO del Grupo de Construcciones Pilares, no sentía confianza alguna en las propuestas. "Este paquete me recuerda a otros momentos de expectativas en Cuba", dijo. "No me siento segura, ni le recomiendo a ningún empresario que invierta capital. Me preocupa grandemente la discrecionalidad y la falta de transparencia".

Cuba había anunciado reformas económicas antes. En 2011, bajo Raúl Castro, los Lineamientos propusieron una "actualización del modelo económico". En 2016, el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos bajo Barack Obama generó esperanzas de apertura. Todo se revirtió. La Constitución de 2019 reconoció nuevas formas de propiedad, incluso privada. En 2021, la Tarea Ordenamiento prometió transformaciones. Ninguno de estos cambios garantizó seguridad a los empresarios; algunos terminaron en la cárcel, con propiedades expropiadas. Hernández Díaz temía que desarrolladores inmobiliarios con grandes capitales llegaran a la isla. "Las personas propietarias necesitadas de dinero comenzarían a vender y pasarían a vivir rentadas", advirtió. "Estas medidas no están diseñadas para proteger a la ciudadanía, ni al empresariado local".

Carlos Saladrigas, empresario cubanoamericano de setenta y ocho años y presidente del Cuba Study Group, fue claro: "Sin cambios políticos no hay seriedad ni credibilidad de las medidas". Sin un poder judicial verdaderamente independiente, sin cambios constitucionales que claramente abrieran Cuba, nada funcionaría. El jurista Eloy Viera coincidía: el verdadero obstáculo radicaba en que el Gobierno se había resistido deliberadamente a modificar la Constitución. Mientras no existiera una auténtica separación de poderes, mientras todas las instituciones continuaran subordinadas al poder político, seguiría habiendo una enorme incertidumbre jurídica. Washington, por su parte, respondió a las medidas con nuevas sanciones contra Gaesa. El Departamento de Estado las calificó de "graduales", "modestas" y "señales de humo superficiales". Marco Rubio aseguró que el régimen seguía "dando prioridad a su propio control absoluto por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano". Para que las reformas económicas funcionaran, según Torres, era necesario resolver el conflicto con Estados Unidos, reestructurar la deuda externa y reincorporar a Cuba a instituciones financieras multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Sin eso, sin energía, sin financiamiento a escala, no habría recuperación viable.