En un giro histórico para la economía de la isla, Cuba ha promulgado el Decreto-Ley 133, que por primera vez abre la puerta a empresas privadas con más de cien trabajadores. La medida, parte de un paquete de 176 transformaciones aprobadas en junio, reconoce que el modelo centralizado ya no puede sostener por sí solo una sociedad en crisis profunda. Es un momento en que el Estado ensaya ceder espacio sin soltar del todo las riendas, buscando un equilibrio entre apertura económica y control político.
Cuba autoriza empresas privadas de más de 100 trabajadores en nuevo paquete de reformas
Autonomía para fijar precios y salarios, pero dentro de límites
Mark
¿Por qué Cuba permite ahora empresas privadas de más de cien trabajadores cuando antes no lo hacía?
Mimi
Porque la economía está en crisis desde hace décadas. El gobierno necesita dinamizar sectores como la agricultura y el comercio exterior, y cree que la inversión privada, incluso con capital extranjero, puede ayudar.
Luke
Pero ¿cuántas empresas de este tamaño crees que realmente se crearán? El decreto existe, pero ¿hay capital disponible en Cuba para invertir en negocios de esa escala?
Mark
¿Qué tan libres son realmente estas empresas si el gobierno sigue controlando los precios y requiere autorización para importar y exportar?
Mimi
Tienen más libertad que antes, pero dentro de límites. Pueden fijar precios autónomamente, pero respetando reglas gubernamentales. Es un equilibrio entre liberalización y control.
Luke
Exacto. "Autonomía" es la palabra clave, pero ¿qué significa en la práctica? El decreto no especifica cuáles son esos límites que deben respetar.
Mark
¿Quién puede ser dueño de estas empresas?
Mimi
Cubanos residentes en la isla o en el exterior, y extranjeros residentes en Cuba. Pero no funcionarios del Estado ni personas con deudas o antecedentes penales incompatibles.
Luke
Eso excluye a una parte importante de la población. Y los cubanos en el exterior que quieran invertir tendrán que navegar regulaciones bancarias complicadas.
Mark
¿Qué significa que las empresas tengan "responsabilidad social"?
Mimi
Deben contribuir al bienestar de sus comunidades, aunque la ley no especifica exactamente cómo.
Luke
Ese es el problema. Es vago. ¿Qué pasa si una empresa decide que su responsabilidad social es mínima? ¿Hay sanciones claras?
Mark
¿Por qué el gobierno requiere que se registren los datos de quién duerme en un alquiler durante cinco años?
Mimi
Es control. Especialmente si el inquilino es un extranjero o un cubano del exterior. El Ministerio del Interior quiere saber quién entra y sale del país.
Luke
Eso es vigilancia estatal sobre la actividad privada. Muestra que incluso con estas reformas, el Estado mantiene un control significativo sobre lo que sucede.
El Pulso
- Cuba enfrenta una policrisis acumulada de décadas que ha vaciado estantes, apagado luces y empujado a miles a emigrar, creando una presión insostenible sobre el modelo estatal.
- El Decreto-Ley 133 rompe un tabú histórico al permitir empresas privadas de más de cien empleados, una concesión que habría sido impensable en la Cuba de generaciones anteriores.
- Las nuevas sociedades podrán fijar precios y salarios, abrir sucursales en cualquier provincia e incluso asociarse con capital extranjero, aunque cada paso requiere autorización ministerial.
- El Estado mantiene sus filtros: excluye a funcionarios y deudores, exige bancarización de salarios, obliga a reportar inquilinos al Ministerio del Interior y restringe el uso de divisas.
- El paquete completo de 176 reformas apunta a dinamizar agricultura, comercio exterior e inmobiliaria, con un gobierno que insiste públicamente en que los cambios 'van en serio'.
En un giro histórico para la economía de la isla, Cuba ha promulgado el Decreto-Ley 133, que por primera vez abre la puerta a empresas privadas con más de cien trabajadores. La medida, parte de un paquete de 176 transformaciones aprobadas en junio, reconoce que el modelo centralizado ya no puede sostener por sí solo una sociedad en crisis profunda. Es un momento en que el Estado ensaya ceder espacio sin soltar del todo las riendas, buscando un equilibrio entre apertura económica y control político.
El gobierno cubano publicó el Decreto-Ley 133, una norma que marca un antes y un después en la política económica de la isla: por primera vez, autoriza empresas privadas con más de cien trabajadores. La medida entra en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial y se integra a un paquete más amplio de 176 transformaciones aprobadas en junio, orientadas a liberalizar y descentralizar una economía golpeada por crisis estructurales.
Estas empresas operarán bajo dos figuras legales: la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) para varios socios, o la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.) para un único dueño. A diferencia de las mipymes creadas en 2021, su tamaño y alcance son significativamente mayores. Antes de operar, el Banco Central exigirá que los socios depositen el capital inicial y certifiquen su origen lícito.
Las nuevas compañías gozarán de autonomía para fijar precios y salarios, abrir sucursales en cualquier provincia, importar y exportar con autorización ministerial, y asociarse con capital extranjero. Todas las transacciones deberán realizarse en pesos cubanos, salvo excepciones legales. Podrán ser propietarios los ciudadanos cubanos dentro o fuera de la isla y los extranjeros residentes, pero quedan excluidos funcionarios del Estado, personas con deudas o condenas incompatibles con la actividad empresarial.
El paquete de reformas va más allá de las grandes empresas. Las cooperativas también podrán expandirse e importar y exportar. Los trabajadores por cuenta propia solo podrán contar con ayuda familiar ocasional y deberán bancarizar salarios si contratan empleados. El gobierno autorizó además guarderías privadas, clases particulares de idiomas con nivel mínimo certificado de B1, y permitió a maestros públicos dar clases privadas fuera de su horario, aunque sin emitir títulos oficiales ni usar instalaciones del Estado.
En el sector inmobiliario, los propietarios podrán alquilar a empresas privadas y cooperativas, con la obligación de registrar a los ocupantes durante cinco años. Si el inquilino es extranjero o cubano residente en el exterior, los datos deben reportarse al Ministerio del Interior, un recordatorio de que la apertura económica convive con el control estatal. El viceministro de Comercio Exterior subrayó que los cambios 'van en serio', señal de que el gobierno apuesta por esta transformación como respuesta a la profunda crisis que atraviesa la isla.
El gobierno cubano publicó este miércoles el Decreto-Ley 133, una norma que marca un punto de quiebre en la política económica de la isla: por primera vez, autoriza la creación de empresas privadas con más de cien trabajadores. La medida entra en vigor siete días después de su aparición en la Gaceta Oficial y se suma a un paquete más amplio de 176 transformaciones económicas y sociales que el Estado aprobó en junio, buscando liberalizar y descentralizar una economía que lleva décadas enfrentando crisis profundas.
Estas nuevas empresas funcionarán bajo dos figuras legales: la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) cuando hay múltiples propietarios, o la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.) cuando existe un único dueño. Lo que las distingue de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que ya existían desde 2021 es precisamente el tamaño permitido y el alcance de sus operaciones. Antes de que cualquiera de estas empresas sea aprobada, el Banco Central exige que los socios depositen el capital inicial en una cuenta transitoria y certifiquen que los fondos provienen de fuentes lícitas.
Las nuevas compañías gozarán de una autonomía económica considerable. Podrán fijar sus propios precios, aunque respetando límites y regulaciones que el gobierno establezca, y decidirán libremente los salarios de sus trabajadores. Tendrán derecho a abrir sucursales en cualquier provincia del país, a importar y exportar directamente, aunque estas operaciones requerirán autorización del Ministerio de Comercio Exterior. También podrán asociarse con capital extranjero, una apertura significativa en una economía que históricamente ha restringido la inversión privada internacional. Todas las transacciones deberán realizarse en pesos cubanos, salvo en actividades donde una ley específica autorice el uso de divisas.
Los propietarios pueden ser ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, así como extranjeros residentes en Cuba. Sin embargo, funcionarios del Estado, dirigentes del gobierno, personas con deudas pendientes o condenadas por delitos incompatibles con la actividad empresarial quedan excluidos de la propiedad o administración. La ley también impone una obligación de responsabilidad social: las empresas deberán contribuir al bienestar de sus comunidades.
Más allá de las empresas privadas, el paquete de reformas toca otros sectores. Las cooperativas también podrán expandirse geográficamente e importar y exportar con autorización ministerial. Los trabajadores por cuenta propia enfrentan restricciones distintas: solo podrán contar con colaboración familiar de forma ocasional, aunque se les permite viajar hasta tres meses al año al exterior sin perder su licencia. Si contratan empleados, deberán bancarizar los salarios.
El gobierno también autorizó guarderías privadas mediante la Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación. Las cuidadoras deberán completar un curso de capacitación y enseñar respeto a los símbolos nacionales, manteniendo valores alineados con la sociedad cubana. Se permitirán clases particulares de idiomas, con profesores que deben acreditar un nivel mínimo de B1 ante el Estado. Los maestros de educación pública podrán dar clases particulares fuera de su horario laboral, aunque estas actividades privadas no podrán emitir títulos oficiales, usar instalaciones públicas ni libros del Estado. A cambio, deberán ofrecer clases gratuitas a menores vulnerables de sus comunidades.
En el sector inmobiliario, los propietarios ahora podrán alquilar a las nuevas empresas privadas y cooperativas. Todos los alquileres deberán registrar a las personas que duerman en la propiedad durante cinco años. Si el inquilino es un cubano residente en el exterior o un extranjero, los datos deberán reportarse directamente al Ministerio del Interior, una medida que refleja el control estatal sobre la actividad privada incluso en su expansión.
Estas reformas llegan en un momento en que el Ministerio de Comercio Exterior ha enfatizado públicamente que los cambios "van en serio", según declaraciones del viceministro Carlos Luis Jorge Méndez. El paquete completo busca dinamizar sectores clave como la agricultura, el comercio exterior y los bienes raíces, además de descentralizar la toma de decisiones y otorgar mayor autonomía a las empresas estatales. La participación del capital privado en actividades financieras también forma parte de esta estrategia más amplia de transformación económica.
Citas Notables
Las reformas van en serio— Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro del Ministerio de Comercio Exterior
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