En un momento de profunda presión económica, Cuba ha abierto una puerta que permaneció cerrada durante más de seis décadas: el Decreto-Ley 133, publicado el 2 de septiembre por el Consejo de Estado, autoriza por primera vez la existencia de empresas privadas con más de cien trabajadores. La medida, parte de un paquete de ciento setenta y seis reformas, reconoce implícitamente los límites del modelo centralizado y apuesta por la iniciativa privada como palanca de recuperación, aunque el Estado conserva un control regulatorio que define quién puede participar y bajo qué condiciones. Es un giro h