En una isla donde el Estado ha sido durante décadas el único empresario reconocido, Cuba abre por primera vez la puerta legal a empresas privadas de más de cien trabajadores. El Decreto-Ley 133, publicado en la Gaceta Oficial, no es solo una norma técnica: es una señal de que el modelo económico cubano busca, con cautela y condiciones, hacer espacio a fuerzas que antes solo existían en los márgenes. La pregunta que queda flotando no es si el cambio llegó, sino hasta dónde se le permitirá avanzar.