Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores en nueva apertura económica

Cuba acaba de dar un paso significativo en su apertura económica. El Consejo de Estado publicó el miércoles el Decreto-Ley 133 en la Gaceta Oficial, una norma que autoriza por primera vez la creación de empresas privadas con más de cien trabajadores. Entrará en vigencia dentro de siete días. Esta decisión representa una expansión considerable del sector no estatal cubano, que hasta ahora había estado limitado principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas que comenzaron a operar en 2021.

Las nuevas sociedades pueden adoptar dos estructuras jurídicas según su composición accionaria. Si hay múltiples propietarios, deberán constituirse como sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Si pertenecen a una sola persona, funcionarán como sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (SURL). Esta flexibilidad permite que tanto emprendedores individuales como grupos de inversionistas puedan acceder a esta nueva categoría empresarial.

La norma otorga a estas compañías facultades que antes no tenían. Pueden instalar sucursales, locales u otros establecimientos en provincias distintas a donde fueron constituidas. También se les permite importar y exportar de forma directa, aunque necesitarán autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Las empresas pueden fijar sus propios precios dentro de los límites que establezca el Estado, determinar los salarios de sus empleados, y asociarse con capital extranjero. Todas las operaciones financieras deben canalizarse a través de cuentas bancarias corrientes, y las ventas de bienes y servicios se realizarán en pesos cubanos, excepto en actividades que una legislación específica autorice para operar en divisas.

Antes de que una sociedad sea aprobada, sus socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria conforme a los requisitos del Banco Central de Cuba, y deberán acreditar el origen lícito de esos fondos. La legislación permite que sean propietarios ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país. Sin embargo, quedan excluidos quienes ejerzan cargos o funciones de dirección en el Estado y el Gobierno, así como personas con deudas pendientes o condenas por delitos considerados incompatibles con la actividad empresarial.

El decreto también incluye una obligación de responsabilidad social: las empresas deberán contribuir con las comunidades donde realicen sus actividades. Las cooperativas recibieron ampliaciones similares, pudiendo extender sus operaciones a otras provincias y realizar importaciones o exportaciones con autorización ministerial. En cuanto al trabajo por cuenta propia, la norma limita la colaboración familiar a situaciones puntuales y permite que los titulares de una licencia viajen al exterior hasta tres meses por año sin perder su autorización. Quienes contraten trabajadores deberán bancarizar el pago de los salarios.

Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de transformaciones. El régimen cubano aprobó 176 cambios económicos y sociales en junio, de los cuales este decreto es uno de los más significativos. Un día antes de la publicación, el viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, declaró que las reformas van en serio, señalando el compromiso del gobierno con estos cambios estructurales en la economía cubana.