Cuba: 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra apagones recurrentes

En la ciudad oriental de Gibara, veintisiete personas fueron detenidas después de que salieran a las calles el sábado pasado para protestar contra los apagones que llevan semanas azotando la isla. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuatro de esos arrestados siguen en prisión mientras los demás han sido liberados bajo fianza pero permanecen bajo vigilancia constante. La organización, con sede en Madrid, denunció que las fuerzas de seguridad han intensificado acciones intimidatorias en barrios como La Loma de los Caneyes y El Güirito desde que ocurrieron las manifestaciones.

Los videos y reportes de medios independientes muestran a decenas de ciudadanos marchando por las calles con cacerolas, gritando consignas como "Corriente y comida" y "El pueblo unido jamás será vencido". Las imágenes documentan una protesta sin violencia, con gente caminando pacíficamente por sus barrios. Los medios oficiales locales, en contraste, describieron la movilización como una expresión de "inconformidades desde una postura de respeto y diálogo", minimizando lo que fue una demostración clara de descontento público.

El detonante fue un apagón que duró más de veinte horas, algo que se ha vuelto rutinario en los últimos meses. Cuba enfrenta una crisis energética severa causada por daños recurrentes en las plantas termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible. Este problema es solo una parte de una crisis más amplia que afecta a toda la población: escasez de alimentos básicos, medicinas que no llegan, inflación galopante y un descontento generalizado que ha impulsado tanto la emigración como estas protestas esporádicas que brotan en diferentes ciudades.

En el plano internacional, más de treinta organizaciones de derechos humanos y figuras prominentes de la disidencia cubana enviaron esta semana una carta a la Unión Europea pidiendo que revise su política hacia la isla. Entre los firmantes están Berta Soler, líder de Damas de Blanco, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, y otros activistas. La carta califica la estrategia actual de la UE como ineficaz y solicita que sea reemplazada por una política de condicionalidad democrática que supervise transparentemente cómo se usan los fondos europeos. Los firmantes piden que se reconozca oficialmente la existencia de presos políticos, que se apoye a la sociedad civil independiente como actor legítimo, y que se sancione a los responsables de violaciones a derechos humanos.

A esta situación se suma un informe reciente de la ONG Prisoners Defenders que documenta el uso sistemático de trabajo forzoso en las cárceles cubanas. El estudio, basado en cincuenta y tres testimonios individuales y más de sesenta entrevistas adicionales, y verificado externamente por investigadores de la Universidad de Londres, señala que al menos sesenta mil reclusos son obligados a trabajar bajo condiciones que califican como esclavitud. Los prisioneros son utilizados como mano de obra para producir bienes destinados a la exportación, principalmente carbón vegetal de marabú y tabaco. Las jornadas superan las sesenta y tres horas semanales, y la remuneración es ínfima: entre treinta y cuatro y sesenta y dos centavos de dólar por tonelada de carbón producida. No hay contratos formales, y los trabajadores están constantemente expuestos a riesgos físicos y ambientales graves.

Lo que emerge de estos reportes es un cuadro de represión creciente, criminalización de toda forma de protesta, y explotación sistemática dentro del sistema penitenciario. Las protestas pacíficas en Gibara, las detenciones que las siguieron, y el trabajo forzoso documentado en las prisiones son manifestaciones de una misma estructura de control. Mientras la población enfrenta apagones prolongados y escasez de alimentos, quienes se atreven a expresar su descontento enfrentan arresto y vigilancia. Y en las sombras de las cárceles, decenas de miles trabajan sin protección ni compensación justa, generando ingresos para el Estado.