Críticas masivas al Gobierno por retirar 30 piezas del Museo Nacional de Colombia

El Museo Nacional de Colombia raramente acapara la atención del país, pero este fin de semana se convirtió en el centro de una tormenta política. El jueves, el Ministerio de Cultura ordenó retirar treinta piezas de la exposición permanente Hacer Sociedad, dejando vacíos visibles en los muros. Las obras desaparecidas representaban décadas de historia colombiana: objetos del movimiento LGBTIQ+, documentos de luchas feministas, artefactos de los estudiantes que impulsaron la Constitución de 1991, y pertenencias de dos líderes de izquierda asesinados en 1990. La orden llegó sin procedimiento técnico formal y mientras el museo carecía de director en propiedad. El Ministerio justificó la decisión como parte de una reevaluación curatorial alineada con los valores conservadores que el presidente Abelardo de la Espriella ha prometido defender.

El sábado y domingo, cientos de ciudadanos se congregaron frente al antiguo panóptico nacional para protestar. Las pancartas llevaban mensajes directos: "La censura es de cobardes", "Viva el arte marica y travesti", "No es una batalla cultural, es una batalla contra la cultura". Durante el día la protesta fue pacífica, pero al anochecer la policía antidisturbios lanzó chorros de agua sobre los manifestantes y destruyó una instalación improvisada hecha con torres de ladrillo que mostraban fotos de las treinta obras ocultas. El lunes por la mañana, un juez en Bogotá ordenó al Gobierno no hacer cambios adicionales y conservar las obras retiradas.

La reacción del sector cultural fue inmediata y amplia. Los museos de arte moderno de Medellín, Cartagena, Barranquilla, Tolima y el Museo Rayo en Roldanillo enviaron una carta conjunta a la ministra de Cultura, Paola Holguín, exigiendo garantías sobre la independencia y autonomía de las instituciones artísticas. El Consejo Internacional de Museos en Colombia declaró que el retiro constituía una violación del Código de Ética para museos. Holguín no ofreció explicaciones sobre cómo se seleccionaron las piezas ni por qué se ejecutó la operación de forma abrupta. Solo mencionó que el Ministerio estaba reevaluando la curaduría. El mismo día del retiro, De la Espriella pronunció un discurso en la sede del Ministerio declarando su guerra al "wokismo" y la cultura progresista, acusándolos de negar diferencias biológicas, hacer apología del terrorismo y falsificar la historia reduciéndola a conflictos entre opresores y oprimidos.

La ministra Holguín se mantuvo firme en su posición. El domingo por la noche publicó un comunicado en redes sociales acusando a quienes convocaron las protestas de haber "convertido la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas". El mensaje apuntaba al gobierno anterior, sugiriendo que el expresidente Gustavo Petro había elevado a símbolos culturales elementos que, según el actual Ejecutivo, representaban una ideología específica sin justificación histórica. Uno de los objetos más controvertidos era el sombrero de Carlos Pizarro, quien como líder de la guerrilla del M-19 firmó la paz en 1989 y fue asesinado meses después mientras era candidato presidencial. María José Pizarro, hija de Carlos y exsenadora del petrismo, criticó públicamente la decisión, afirmando que el legado de su padre era un legado de paz.

Lo notable fue que la inconformidad no provino solo de la izquierda. Sectores liberales y de la derecha tradicional también se pronunciaron. Federico Hoyos, excongresista del Centro Democrático, escribió públicamente su desacuerdo con la remoción de piezas que cuentan parte de la historia colombiana. Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo e hijo de otro candidato asesinado en 1990, criticó duramente: "Un museo no es una tarima. Si un gobierno acomoda las salas para que el pasado le dé la razón, eso no es memoria: es propaganda con vitrina". María Paz Gaviria, curadora de arte y excandidata al Senado por el Partido Liberal, cuestionó cómo contar la conquista de la ciudadanía sin mostrar a quienes tuvieron que luchar por ella, criticando específicamente el retiro de la "séptima Papeleta", el papel con el que se exigió en 1990 una nueva constitución.

Para algunos analistas, la batalla cultural que libra De la Espriella sigue un patrón establecido por otros presidentes de ultraderecha en América Latina. Donald Trump ha peleado contra el museo Smithsonian por considerar que va en contra de los "valores americanos y occidentales", particularmente por denunciar el racismo. Javier Milei en Argentina exigió en febrero que el sable del libertador José de San Martín saliera del Museo Histórico Nacional, argumentando mejor preservación en una unidad militar. El partido de José Antonio Kast en Chile promueve un "Museo de la verdad" para reivindicar el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

El Museo Nacional se ha convertido en un símbolo de dos visiones encontradas. Para el Gobierno de De la Espriella, es una plataforma para su batalla cultural. Para los críticos, es un lugar para defender la diversidad de la nación colombiana. El historiador Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo expresó durante las protestas: "El Museo es un lugar de debate sobre los pasados y el futuro de la Nación, no un texto político-religioso para el pensamiento único". La custodia policial que rodeaba el museo el domingo por la noche simbolizaba la tensión: una institución cultural convertida en campo de batalla político, con un juez intentando frenar los cambios y cientos de ciudadanos insistiendo en que la memoria no es negociable.