Cristina Monge analiza quién se beneficia de la crisis migratoria en Ceuta

La pregunta que Cristina Monge plantea es deceptivamente simple: en medio de la crisis migratoria que sacude a Ceuta, ¿quién sale ganando? No es una pregunta retórica. Detrás de los titulares sobre llegadas de migrantes, de las declaraciones de alarma sobre seguridad y delincuencia, hay actores políticos cuyas posiciones se fortalecen, cuyas narrativas se consolidan, cuyo poder electoral crece. La crisis, en otras palabras, no es solo una tragedia humanitaria o un desafío administrativo. Es también un terreno donde se libra una batalla política de consecuencias reales.

En las últimas semanas, Italia y Dinamarca han coordinado una estrategia común: una carta conjunta que vincula explícitamente la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia. El mensaje es claro y está diseñado para resonar en electorados preocupados por la seguridad. Pero la maniobra ha expuesto fracturas profundas en las coaliciones políticas europeas, particularmente entre los socialdemócratas que gobiernan en varios países y los gobiernos de ultraderecha que han capturado el discurso sobre migración como eje electoral central.

Los socialistas europeos han rechazado públicamente cualquier alianza que criminalice a los migrantes. Ven en la estrategia de Italia y Dinamarca una peligrosa normalización de narrativas que históricamente han servido para justificar políticas discriminatorias. Pero el rechazo llega tarde. El daño discursivo ya está hecho. La inmigración irregular ha sido reenmarcada, en la mente de muchos votantes europeos, como un problema de seguridad pública antes que como una cuestión de derechos humanos o de gestión administrativa.

En España, la tensión es aún más aguda. El primer ministro Pedro Sánchez enfrenta críticas desde múltiples flancos. La primera ministra danesa Mette Frederiksen representa una pesadilla política para los socialdemócratas: una líder de izquierda que ha adoptado retórica antiinmigración sin perder legitimidad progresista. Su postura sugiere que es posible gobernar desde la izquierda mientras se endurece la política migratoria. Para Sánchez, esto es una amenaza existencial. Si Frederiksen logra mantener apoyo electoral mientras criminaliza la migración, ¿por qué no podría hacerlo él? Pero si lo intenta, ¿no traiciona los valores que supuestamente lo distinguen de la ultraderecha?

La crisis de Ceuta, entonces, funciona como catalizador de una reconfiguración política más amplia. No es solo que haya más migrantes llegando a la ciudad autónoma. Es que esa llegada ha sido capturada por narrativas que sirven intereses políticos específicos. Los gobiernos de ultraderecha ganan legitimidad al presentarse como los únicos dispuestos a enfrentar el "problema". Los gobiernos socialdemócratas se ven atrapados entre su base electoral progresista y votantes que temen por la seguridad. Y en medio, los migrantes mismos—vulnerables, sin voz política, enfrentando criminalización—se convierten en peones en un juego que no eligieron.

Lo que Monge señala, implícitamente, es que la pregunta sobre quién gana no tiene una respuesta cómoda. No es que exista un villano único orquestando todo desde las sombras. Es que el sistema político europeo, en su conjunto, ha encontrado en la migración un tema que moviliza electorados, que polariza coaliciones, que permite a los políticos parecer que están haciendo algo. Y mientras eso sucede, la vulnerabilidad real de las personas que llegan a Ceuta—buscando seguridad, trabajo, una vida mejor—se convierte en materia prima para la competencia electoral.

La polarización que esto genera tiene consecuencias duraderas. Las divisiones internas en coaliciones progresistas se profundizan. Las narrativas de seguridad se consolidan como eje central de la política electoral europea. Y la posibilidad de una respuesta humanitaria, coordinada, que reconozca tanto la realidad de la migración como los derechos de los migrantes, se aleja cada vez más del horizonte político.