Crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía: 2.000 mujeres afectadas por fallos en detección

Andalucía descubrió hace poco que algo había fallado gravemente en el sistema que se suponía debía detectar el cáncer de mama antes de que fuera demasiado tarde. Aproximadamente 2.000 mujeres no fueron notificadas para seguimiento después de que sus mamografías mostraran hallazgos clasificados como lesiones posiblemente benignas. Eso significa que pasaron meses, a veces más de un año, sin que supieran si debían preocuparse, sin que recibieran indicación de repetir pruebas o realizar estudios complementarios, sin que nadie les dijera qué hacer.

El programa de cribado de cáncer de mama es una herramienta de salud pública diseñada para encontrar tumores en sus primeras fases, cuando el tratamiento es más efectivo y las posibilidades de sobrevivir son mayores. Hasta ahora en Andalucía se aplicaba a mujeres entre 48 y 71 años. El Servicio Andaluz de Salud tenía protocolos para esto, circuitos de comunicación, sistemas de registro. Pero algo en esa cadena se rompió. La administración autonómica ha reconocido que existían deficiencias en los canales internos de comunicación y que ciertos hallazgos no eran considerados de notificación obligatoria dentro de los protocolos establecidos. También ha señalado fallos informáticos o disfunciones en los sistemas de gestión. El resultado fue que mujeres con resultados dudosos quedaron en la incertidumbre, sin saber si debían esperar una llamada del sistema público o si debían acudir por su cuenta a pruebas privadas.

La gravedad de esto no es abstracta. Cuando una mamografía detecta algo sospechoso pero la mujer nunca se entera, o se entera con meses de retraso, el cáncer puede avanzar. Un diagnóstico tardío empeora significativamente el pronóstico, reduce las opciones de tratamiento y compromete las tasas de supervivencia. Además, estos fallos han erosionado la confianza en el sistema público. Numerosas mujeres han optado por hacerse pruebas en el sector privado, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La administración sanitaria se enfrenta ahora a posibles reclamaciones legales por los daños ocasionados a las pacientes.

Las asociaciones de pacientes y los sindicatos han criticado duramente cómo se ha manejado esta crisis. Denuncian que la Junta fue lenta en reconocer públicamente la magnitud del problema y en establecer canales de comunicación efectivos con las mujeres afectadas. También cuestionan que la administración haya anunciado una ampliación del programa de cribado a mujeres de entre 45 y 75 años sin haber resuelto antes las deficiencias estructurales que originaron la crisis. Incorporar cientos de miles de mujeres adicionales a un programa que presenta fallos fundamentales puede amplificar los mismos errores a una escala mucho mayor.

La Junta de Andalucía ha anunciado medidas correctivas: una revisión exhaustiva de las mamografías realizadas durante los últimos tres años, un circuito preferente para contactar a las mujeres afectadas, y un buzón de contacto donde pueden dirigirse directamente a la administración sanitaria. Pero persisten preguntas sin respuesta. No se sabe con certeza cuántas de las mujeres afectadas terminaron desarrollando un cáncer más avanzado que habría podido detectarse en estadios más tempranos. Tampoco está claro si el número real de afectadas supera significativamente las 2.000 reconocidas oficialmente. Y sigue siendo incierto si habrá sanciones o responsabilidades políticas concretas para los responsables de los fallos.

Lo que está claro es que Andalucía enfrenta una de sus crisis sanitarias más graves de los últimos años. Miles de mujeres han sufrido retrasos o fallos en el seguimiento de resultados dudosos. La confianza en el sistema público de prevención del cáncer de mama se ha visto comprometida. Y la administración debe demostrar que puede corregir los problemas fundamentales antes de ampliar un programa que ya ha fallado.