Crisis en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: 2.000 mujeres afectadas por fallos sistémicos

Andalucía descubrió hace poco que algo había fallado profundamente en su programa de detección precoz de cáncer de mama. Aproximadamente 2.000 mujeres no fueron notificadas para seguimiento después de que sus mamografías mostraran hallazgos clasificados como lesiones posiblemente benignas. Algunas esperaron meses, otras más de un año, para recibir comunicación sobre resultados que requerían evaluación adicional. Mientras tanto, no sabían si debían esperar una llamada del sistema público o si debían buscar pruebas privadas por su cuenta. El Servicio Andaluz de Salud reconoció que sus protocolos contenían deficiencias críticas: ciertos hallazgos no eran considerados de notificación obligatoria dentro de los circuitos establecidos, y los canales internos de comunicación no funcionaban como deberían.

El programa de cribado de cáncer de mama es, en teoría, uno de los pilares de la salud pública. Su propósito es detectar lesiones mamarias potencialmente malignas en mujeres sin síntomas, mediante mamografías periódicas realizadas dentro de un rango de edad determinado. Cuando funciona correctamente, permite identificar tumores en estadios iniciales, cuando el tratamiento es más eficaz y las posibilidades de supervivencia son mayores. Antes de esta crisis, Andalucía ofrecía el cribado a mujeres entre 48 y 71 años. La administración autonómica se había comprometido desde 2023 a ampliar ese rango hasta alcanzar a mujeres de 45 a 75 años para 2027.

Lo que sucedió fue que el sistema falló en su tarea más fundamental: comunicar. Más de 2.000 mujeres con mamografías que mostraban hallazgos dudosos no recibieron indicación para repetir pruebas o realizar estudios complementarios. Muchas de ellas ni siquiera vieron registrado el hallazgo en su historia clínica. Los retrasos fueron significativos, a veces de meses o más de un año. La administración sanitaria atribuyó los errores a fallos informáticos, disfunciones en los sistemas de gestión y deficiencias en los protocolos internos. Pero para las mujeres afectadas, las explicaciones técnicas no compensaban la incertidumbre vivida ni el riesgo potencial que habían corrido.

La gravedad de esta situación radica en sus consecuencias directas para la salud. Cuando un hallazgo sospechoso detectado en una mamografía no recibe seguimiento adecuado, el resultado puede ser un diagnóstico tardío de cáncer de mama. Esa demora empeora significativamente el pronóstico de la enfermedad, reduce las opciones terapéuticas disponibles y compromete las tasas de supervivencia. Pero el daño no se limita a lo clínico. La confianza en el sistema público de prevención se erosionó. Numerosas mujeres perdieron la fe en los programas públicos y optaron por realizar pruebas en el ámbito privado, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La administración sanitaria también enfrenta posibles reclamaciones legales por los daños y perjuicios ocasionados a las pacientes.

Las asociaciones de pacientes y los sindicatos han criticado duramente la gestión de la crisis. Denuncian que la administración fue lenta en reconocer públicamente la magnitud del problema y en establecer canales de comunicación efectivos con las mujeres afectadas. Advierten también que aumentar la carga del programa de cribado ampliando el rango de edad, sin reforzar simultáneamente los recursos humanos y técnicos necesarios, puede agravar los cuellos de botella existentes. ¿Cómo puede garantizarse la sostenibilidad de un programa ampliado si no se abordan las carencias estructurales que originaron la crisis? Los colectivos mantienen la exigencia de responsabilidades políticas: dimisiones de responsables, auditorías exhaustivas y comisiones de investigación que determinen las responsabilidades individuales en todos los niveles.

La Junta de Andalucía ha anunciado medidas correctivas. Incluyen una revisión exhaustiva de las mamografías realizadas durante los últimos tres años, con el objetivo de identificar los casos pendientes de seguimiento y establecer contacto con todas las mujeres afectadas. Ha puesto en marcha un circuito preferente específicamente diseñado para acelerar ese contacto y ha habilitado un buzón de contacto donde las mujeres con dudas pueden dirigirse directamente. Se ha comprometido a proporcionar respuestas individualizadas y derivación al centro sanitario correspondiente para completar las evaluaciones necesarias.

Pero quedan preguntas abiertas que aún no tienen respuesta clara. ¿Cuántas de las mujeres afectadas por estos fallos terminaron desarrollando un cáncer más avanzado que habría podido detectarse en estadios más tempranos? ¿Cuál es el número real de mujeres impactadas, que podría superar significativamente las 2.000 reconocidas oficialmente? ¿Se impondrán sanciones o responsabilidades políticas concretas a los responsables de los fallos? La crisis ha puesto de manifiesto que ampliar un programa sin resolver primero sus deficiencias estructurales puede repetir los errores a mayor escala. Andalucía ahora enfrenta el desafío de restaurar la confianza mientras intenta expandir un sistema que demostró no estar preparado para la tarea que ya tenía.