En el umbral del fin de su período, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunieron para resolver dos procesos que condensan las tensiones entre poder legislativo y rendición de cuentas en Colombia. David Racero, senador reelegido, enfrentaba la posibilidad de una medida de aseguramiento por el presunto uso de recursos públicos en un negocio familiar; Isabel Zuleta, la sombra de una investigación por haber facilitado el traslado de reclusos peligrosos a un acto político del gobierno. Las ponencias del magistrado César Reyes apuntaban hacia la clemencia institucional