Corte Suprema de Perú rechaza impunidad por la matanza de Cayara de 1988 y ordena seguir juicio a militares

Según el tribunal, militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a unos 40 campesinos en Cayara, Erusco y Mayopampa tras una emboscada de Sendero Luminoso en mayo de 1988.
El caso Cayara no se cierra: la Corte inaplicó las leyes de impunidad
La Sala Penal ordenó continuar el juicio por la matanza de 1988 pese a las leyes de amnistía y prescripción.
Mark

¿Qué cambia exactamente con este fallo?

Mimi

Que el caso Cayara no se cierra. Dos leyes, de amnistía y de prescripción, quedan sin aplicarse y el juicio sigue.

Mark

¿Con qué fundamento?

Mimi

Con el control de convencionalidad: los crímenes de lesa humanidad no prescriben según la justicia supranacional, y la Constitución impide contrariar esas normas con leyes internas.

Luke

Ojo con lo que sabemos. Es una nota de agencia con una sola fuente, el contenido del fallo. No hay reacciones de víctimas, de militares ni del Congreso.

Mark

¿Qué pasa con los condenados?

Mimi

Se ratifican 15 años para dos oficiales y ocho para 16 soldados. Y se anulan las absoluciones de Valdivia Dueñas y Majluf.

Luke

Anular una absolución no es condenar. El tribunal regional tendrá que juzgarlos de nuevo y nada garantiza el resultado.

Mark

¿Y las 40 víctimas?

Mimi

Campesinos de Cayara, Erusco y Mayopampa, torturados, asesinados o desaparecidos tras la emboscada senderista de 1988.

Luke

Esa cifra y esa secuencia las atribuye el tribunal en la nota; no hay más detalle sobre nombres ni cuántos fueron desaparecidos frente a asesinados.

Mark

¿Qué sigue?

Mimi

Un tribunal superior debe determinar la responsabilidad de la cadena de mando.

Luke

Y sigue abierto el debate sobre el alcance de este criterio frente a las leyes internas.

  • Una sala de la Corte Suprema peruana dejó sin efecto dos leyes que habían puesto fin al caso de la matanza de Cayara de 1988.
  • El fallo invoca el control de convencionalidad, un choque directo entre la legislación interna y los tratados de derechos humanos.
  • Se ratificaron condenas de 15 años para dos oficiales y de ocho años para 16 soldados, mientras se reabre la situación de un exgeneral y un exoficial absueltos.
  • El expediente regresa a una corte superior regional para determinar la responsabilidad de la cadena de mando, y el alcance del criterio sobre las leyes internas sigue en disputa.

Hace casi cuatro décadas, en los Andes peruanos, el conflicto armado dejó una herida que el tiempo no logró cerrar: la matanza de Cayara, donde decenas de campesinos fueron torturados, asesinados y hechos desaparecer tras una emboscada de Sendero Luminoso. Ahora, la Corte Suprema ha decidido que la memoria de esas víctimas no puede archivarse bajo el peso de leyes de amnistía y prescripción, recordando que ciertos crímenes pertenecen a toda la humanidad y no se extinguen con los años. El camino hacia la responsabilidad plena apenas comienza, pues corresponderá a otro tribunal esclarecer quiénes ordenaron lo que ocurrió y hasta dónde llega la cadena de mando.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú resolvió este lunes 9 de noviembre que el juicio contra siete militares por la matanza de Cayara debe continuar. Para ello dejó sin aplicación una ley de amnistía y otra de prescripción que habían puesto fin al caso, y que fueron aprobadas por una mayoría del Congreso encabezada por Fuerza Popular, hoy partido gobernante.

El tribunal recurrió al control de convencionalidad, mecanismo que permite inaplicar normas internas cuando contradicen tratados internacionales. Su argumento central es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que los hechos ocurridos durante el conflicto interno (1980-2000) no pueden quedar cubiertos por la impunidad.

El fallo ratifica 15 años de cárcel para los oficiales Marco Llontop Jesús y Luis Castañeda Marín, jefes operativos de las tropas, y ocho años para 16 soldados de las patrullas Grass y Huayacán. Al mismo tiempo, anula las absoluciones del exgeneral José Valdivia Dueñas y del exoficial de Inteligencia Enrique Majluf, al considerar que sus juzgadores no valoraron pruebas y testimonios en su contra.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 1988, cuando Sendero Luminoso emboscó a un convoy militar. Al día siguiente, uniformados entraron en Cayara, Erusco y Mayopampa y torturaron, asesinaron y desaparecieron a unos 40 campesinos. Ahora el expediente pasa a una corte superior regional, que deberá definir la responsabilidad de la cadena de mando. Queda abierta, además, la discusión sobre hasta dónde alcanzará este criterio frente a las leyes internas.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú resolvió este lunes 9 de noviembre que la persecución penal contra siete militares por la matanza de Cayara, ocurrida hace 38 años, debe continuar. Para ello dejó sin aplicación dos leyes, una de amnistía y otra de prescripción, que habrían puesto fin al caso.

La Sala recurrió al llamado control de convencionalidad, el mecanismo por el cual un tribunal inaplica una norma interna cuando contradice tratados internacionales. Según la nota, ambas leyes fueron aprobadas por una mayoría del Congreso que incluía a Fuerza Popular, hoy el partido gobernante.

El argumento central es que esas leyes de impunidad chocan con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, establecida por la justicia supranacional. De acuerdo con la Constitución, las normas de ese ámbito no pueden ser contrariadas por la legislación interna. El tribunal sostuvo que los hechos de Cayara, cometidos por militares durante el conflicto interno (1980-2000), son violaciones graves de derechos humanos y por eso no prescriben ni admiten impunidad.

La Corte concluyó además que la sentencia internacional invocada en el debate no tiene naturaleza vinculante ni elimina el deber de los jueces de ejercer el control difuso de convencionalidad sobre normas internas que contravengan los tratados de derechos humanos.

En cuanto a las condenas, el fallo ratifica los 15 años de cárcel para los oficiales Marco Llontop Jesús y Luis Castañeda Marín, por homicidio calificado, en su calidad de jefes operativos de las tropas que cometieron la matanza. También confirma ocho años de prisión para 16 soldados de las patrullas Grass y Huayacán, responsables de las incursiones en el pueblo de Cayara y de las masacres en los parajes de Erusco y Mayopampa.

Los jueces anularon, por otro lado, la absolución del ex general José Valdivia Dueñas, quien fue jefe político-militar de la zona, y del ex oficial de Inteligencia Enrique Majluf. Sus juzgadores, señala la decisión, no valoraron las pruebas y testimonios en su contra. El expediente irá a un tribunal de la Corte Superior, instancia regional, que deberá juzgar a ambos y determinar la responsabilidad legal de la cadena de mando.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 1988, cuando integrantes de Sendero Luminoso emboscaron a un convoy militar. Desde el día siguiente, uniformados entraron en las comunidades campesinas de Cayara, Erusco y Mayopampa, en la zona andina, y torturaron, asesinaron y desaparecieron a 40 campesinos.

Queda por ver cómo procederá el tribunal regional con la cadena de mando y qué alcance tendrá este criterio sobre las leyes internas, un asunto que sigue en debate.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y las leyes internas no pueden contradecir las normas supranacionales.
— Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú (paráfrasis)
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