Corte ratifica prisión preventiva para tres imputados en caso Sartor Finance Group

Inversores y depositantes de fondos administrados por Sartor AGF S.A. sufrieron pérdidas patrimoniales por esquema de financiamiento fraudulento que comprometió sus recursos confiados.
El cargo formal no importa si ejerces control efectivo sobre el dinero
El tribunal consideró que la gestión de patrimonio puede manifestarse a través de facultades de representación, independientemente de la denominación del cargo.
Mark

¿Por qué el tribunal consideró que estos tres debían permanecer en prisión preventiva y no Bustamante García?

Mimi

Porque el tribunal vio que Bustamante llegó tarde. Se incorporó en agosto de 2023 cuando el esquema ya estaba en marcha y deteriorándose. Los otros tres estaban ahí desde el principio, controlando el dinero, aprobando documentos falsos.

Mark

¿Qué hace que esto sea un delito de crimen y no solo un fraude empresarial?

Mimi

La escala y la confianza violada. Cuando administras dinero de terceros, tienes deberes reforzados. No es tu dinero. Estas personas lo usaron en un círculo cerrado entre sus propias sociedades, mientras los inversionistas creían que sus fondos estaban seguros.

Mark

¿Cómo probaron que Larraín Mery estaba en ambos lados de las transacciones?

Mimi

Aparecía como representante de la sociedad que pedía dinero y también como representante de la administradora que lo prestaba. Es decir, se estaba prestando dinero a sí mismo usando fondos de otros.

Mark

¿Y Carlos Emilio Larraín, que renunció en 2021, cómo sigue implicado?

Mimi

Nunca se fue realmente. Siguió como asesor remunerado y recibió poderes de representación. El tribunal dijo que el cargo formal no importa si ejerces control efectivo sobre el dinero.

Mark

¿Qué significa que el tribunal rechazara los argumentos sobre antecedentes limpios?

Mimi

Que no basta con no tener antecedentes penales para quedarte libre cuando hay peligro para la sociedad. El tribunal vio que estos esquemas comprometen la confianza en todo el sistema de administración de fondos.

  • Un esquema de financiamiento circular entre fondos de inversión y sociedades vinculadas a los propios directivos drenó el patrimonio de inversores que confiaron su dinero a Sartor AGF S.A.
  • Los delitos investigados —administración desleal reiterada, estafa, entrega de información falsa y lavado de activos— alcanzan rango de crimen bajo la ley chilena, lo que eleva la gravedad institucional del caso.
  • La Corte rechazó los argumentos de arraigo y comparecencia voluntaria de los imputados, estableciendo que esos factores no neutralizan el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.
  • Un directivo que se incorporó al grupo en agosto de 2023, cuando el daño ya estaba consumado, recibió un trato diferenciado: arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
  • Las querellas que buscaban endurecer las medidas contra ese cuarto imputado fueron rechazadas, consolidando una distinción judicial entre quienes diseñaron el fraude y quienes llegaron a su sombra.

En Santiago, la justicia chilena ha confirmado que tres directivos del grupo financiero Sartor permanecerán privados de libertad mientras se investiga un esquema que traicionó la confianza de quienes les encomendaron la administración de su patrimonio. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones ratificó las medidas cautelares al considerar que los hechos —estafa, lavado de activos y administración desleal— no son meras infracciones técnicas, sino una fractura en el vínculo sagrado entre el gestor y quienes depositan en él sus recursos. Un cuarto imputado, cuya participación llegó tarde y con menor peso, permanece bajo arresto domiciliario, recordándonos que la justicia, cuando funciona, intenta distinguir los grados de responsabilidad humana.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el miércoles las medidas cautelares en el caso Sartor Finance Group: tres imputados permanecerán en prisión preventiva y un cuarto continuará bajo arresto domiciliario. Los ministros determinaron que la libertad de los tres primeros representaría un peligro para la seguridad de la sociedad.

El corazón del caso es un esquema de financiamiento circular que operaba entre fondos administrados por Sartor AGF S.A. y sociedades vinculadas a sus propios directivos. El tribunal validó la existencia de delitos que van desde la administración desleal reiterada y la entrega de información falsa al mercado, hasta la estafa y el lavado de activos —todos con rango de crimen según la ley chilena—. Los jueces subrayaron que los hechos comprometen el fundamento mismo de la administración profesional de recursos ajenos.

Pedro Pablo Larraín Mery controlaba el 63 por ciento de la sociedad matriz, integró el comité de crédito y suscribió personalmente pagarés y mandatos compareciendo en algunos casos simultáneamente como representante de la sociedad deudora y de la administradora acreedora. Carlos Emilio Larraín Mery, aunque renunció al directorio en diciembre de 2021, mantuvo poderes de representación clase A desde marzo de 2022; el tribunal estableció que la posición de gestión puede manifestarse a través de facultades efectivas, independientemente del cargo formal. Sergio Yáñez Astete habría facilitado desde su posición de controlador de otra empresa la persistencia de una exposición crediticia deteriorada frente a los fondos de Sartor.

Rodrigo Bustamante García recibió un trato distinto. Se incorporó al directorio en agosto de 2023, cuando las exposiciones cuestionadas ya existían y se deterioraban. Su participación se limita a estados financieros aprobados durante su gestión y a dos operaciones contractuales específicas. La Corte confirmó su arresto domiciliario y rechazó los recursos de las partes querellantes que pedían su prisión preventiva, trazando así una línea entre quienes construyeron el esquema y quienes llegaron a él cuando el daño ya era, quizás, irreversible.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el miércoles pasado las medidas cautelares impuestas por el Cuarto Juzgado de Garantía en la investigación del caso Sartor Finance Group. Tres de los cuatro imputados permanecerán en prisión preventiva, mientras que un cuarto seguirá bajo arresto domiciliario. Los ministros Pedro Caro Romero, Rodrigo Schnettler Carvajal y el abogado integrante Sebastián Perelló Enrich consideraron que la libertad de los tres primeros constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.

La investigación ha documentado un esquema de financiamiento circular que operaba entre fondos de inversión administrados por Sartor AGF S.A. y sociedades vinculadas a los directivos del grupo. El tribunal validó la existencia de delitos que incluyen administración desleal reiterada, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa y lavado de activos. Estos delitos alcanzan la categoría de crimen según la ley chilena. Los jueces enfatizaron que los hechos investigados comprometen el fundamento mismo sobre el cual descansa la administración profesional de recursos ajenos, socavando la confianza que terceros depositan en quienes manejan su patrimonio bajo deberes reforzados de gestión.

Pedro Pablo Larraín Mery ejercía funciones de dirección y aprobación dentro de Sartor AGF S.A. y sus sociedades vinculadas. Controlaba el 63 por ciento de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. a través de Inversiones Quisis Limitada, se desempeñó como director en dos períodos e integró el comité de crédito de la administradora. Los antecedentes muestran que suscribió personalmente pagarés, mandatos y prórrogas respecto de Autofidem SpA, Blackcar SpA, Inversiones Cerro El Plomo SpA y Sartor Inmobiliario SpA, en algunos casos compareciendo simultáneamente en representación tanto de la sociedad deudora como de la administradora acreedora.

Carlos Emilio Larraín Mery renunció al directorio de Sartor AGF S.A. el 29 de diciembre de 2021, pero mantuvo una relación contractual permanente y remunerada como asesor de la administradora. Desde marzo de 2022 recibió poderes clase A de representación conjunta. El tribunal consideró que la posición de gestión o salvaguardia de un patrimonio puede distribuirse entre distintos intervinientes y manifestarse a través de facultades de representación, disposición o control ejercidas de manera efectiva, independientemente de la denominación formal del cargo que se ostente.

Sergio Samuel Yáñez Astete habría efectuado aportes desde su posición de controlador de Emprender Capital Servicios Financieros SpA para facilitar la persistencia de una exposición crediticia deteriorada frente a los fondos administrados por Sartor AGF S.A. El tribunal estableció que aunque el arraigo, la comparecencia voluntaria y la ausencia de antecedentes penales son antecedentes relevantes para descartar un peligro de fuga autónomo, estos factores no inciden en la valoración reglada que la ley dispone para apreciar el peligro para la seguridad de la sociedad.

Rodrigo Eduardo Bustamante García recibió un trato diferenciado. El tribunal confirmó su arresto domiciliario parcial con arraigo nacional, rechazando los recursos de las partes querellantes que solicitaban su prisión preventiva. Los jueces consideraron que su participación presenta una intensidad menor en comparación con los otros tres imputados. Bustamante García se incorporó al directorio de Sartor AGF S.A. en agosto de 2023, cuando las exposiciones crediticias cuestionadas ya se habían originado y se encontraban en curso de deterioro financiero potencialmente irredimible. Su intervención en la entrega de información falsa se circunscribe a los estados financieros sometidos a su aprobación durante su permanencia en el directorio, y su participación en los contratos de asociación para inversiones se limita a dos operaciones determinadas.

La posición de gestión o salvaguardia de un patrimonio puede distribuirse entre distintos intervinientes y manifestarse a través de facultades de representación, disposición o control ejercidas de manera efectiva, con independencia de la denominación formal del cargo que se ostente
— Tribunal de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
El arraigo, la comparecencia voluntaria y la ausencia de anotaciones penales pretéritas constituyen antecedentes relevantes para descartar un peligro de fuga autónomo, sin embargo, no inciden en la valoración reglada que la ley dispone para apreciar el peligro para la seguridad de la sociedad
— Tribunal de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
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