Corte de apelaciones pausa orden que restringía uso de fuerza de agentes de inmigración en Chicago

Una corte federal de apelaciones detuvo el miércoles una orden judicial que había limitado el uso de la fuerza por parte de agentes de inmigración en Chicago, argumentando que la medida era demasiado amplia y demasiado prescriptiva en su redacción. La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, en un fallo de dos páginas, señaló que la orden de la jueza de distrito Sara Ellis abarcaba prohibiciones contra una gama tan extensa de demandados —incluyendo al presidente de Estados Unidos, los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia en su totalidad, y cualquier persona actuando en concierto con ellos— que excedía lo que una corte podría razonablemente imponer. Sin embargo, el tribunal también advirtió contra una interpretación excesiva de su propia suspensión, dejando abierta la puerta a que un proceso de apelación rápido pudiera resultar en una orden más específica y apropiada.

La orden original surgió de una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes que alegaban que los agentes federales habían empleado fuerza excesiva durante operaciones migratorias en la tercera ciudad más grande del país y sus suburbios. Desde septiembre, estas operaciones han resultado en más de 3,000 detenciones. La jueza Ellis había dictado la orden preliminar en respuesta a testimonios que describían experiencias traumáticas: personas expuestas a gas lacrimógeno, manifestantes que fueron golpeados con bolas de pimienta mientras rezaban, y agentes que apuntaban con armas a civiles. Ellis determinó que los testigos presentados por la administración Trump, incluyendo a Gregory Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que dirigió la operación en Chicago antes de ser trasladado a Carolina del Norte días después, simplemente no eran creíbles.

La orden de Ellis había restringido específicamente el uso de la fuerza por parte de los agentes y el empleo de agentes químicos como el gas lacrimógeno y las bolas de pimienta, permitiéndolos solo cuando fuera necesario o para prevenir una amenaza inmediata. También especificaba los tipos de armas antidisturbios y otros dispositivos que podían usarse, una precisión que la corte de apelaciones criticó por asemejarse a una normativa federal en lugar de una orden judicial.

Los abogados del Gobierno habían argumentado que la orden restringía la aplicación de las leyes nacionales y podía subvertir la estructura constitucional. Al dictar la suspensión, la corte compuesta por tres jueces afirmó que era probable que estos argumentos prevalecieran en los tribunales. La decisión de pausar la orden significa que, por ahora, los agentes de inmigración en el área de Chicago operarán sin las restricciones que Ellis había impuesto, aunque el tribunal dejó claro que esto no era una aprobación definitiva de las prácticas cuestionadas.

Los abogados de los demandantes y del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el fallo. Lo que queda pendiente es cómo se desarrollará el proceso de apelación completo y si la corte finalmente adoptará una versión más limitada de la orden que Ellis propuso, una que pudiera equilibrar las preocupaciones sobre el uso de la fuerza con las autoridades de aplicación de la ley.