Consulta previa y cambio climático: la orden de la Corte que hereda el gobierno De la Espriella

En Cartagena, durante la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el director de la ANLA, Piñeros, dijo que las medidas del Gobierno de Abelardo de la Espriella no "flexibilizan" la normativa ambiental, sino que "optimizan los tiempos" de los proyectos energéticos, de hidrocarburos y de infraestructura. Según él, hoy existe "un tren de requisitos" que retrasa la aprobación de las licencias ambientales.

Una de las piezas que Piñeros quiere modificar es la metodología de estudios de impacto ambiental, conocida como Mgepea. El gobierno de Gustavo Petro la actualizó el 28 de julio, pocos días antes de terminar su mandato, para cumplir una orden de la Corte Constitucional de dos años atrás: incluir el cambio climático en las evaluaciones que definen si un proyecto se aprueba o no. Ahora, según el funcionario, el nuevo Gobierno hace "una revisión de fondo". Anunció que esa semana se publicaría una medida para que las empresas puedan elegir entre la metodología nueva y la de 2018, que no contempla el cambio climático. Aún no está claro qué cambios resultarían de esa revisión.

La segunda medida también toca lo ordenado por la Corte, que pidió elevar los estándares de protección de derechos humanos en el licenciamiento, incluida la participación de las comunidades en la consulta previa. Sobre este punto ya existe un proyecto de decreto, y Piñeros fue directo: "La consulta previa no puede ser un requisito para iniciar el trámite de la licencia ambiental". El borrador plantea que ambos procesos corran en paralelo. Además, una directiva presidencial permite al Ministerio del Interior declarar el cierre administrativo de una consulta cuando empresas y comunidades no lleguen a un acuerdo.

Dejusticia, Ilex Acción Jurídica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) coinciden en que esto va en contravía de los estándares de la Corte. Paulo Ilch Bacca, de Dejusticia, sostiene que modificar la consulta previa exige una ley estatutaria con ocho debates en el Congreso, y que una directiva presidencial no pesa frente a la jurisprudencia. Rosa Mateus, del Cajar, habla de una premura del Gobierno por revocar todo lo hecho, incluso en cumplimiento de sentencias. El Ministerio de Ambiente responde que solo ajusta condiciones y etapas del trámite para mejorar su eficiencia, sin desconocer los derechos de las comunidades étnicas ni los estándares de la Corte.

La metodología de julio pide a las empresas planes de mitigación y adaptación al cambio climático, con escenarios en los que el proyecto se hace y sus impactos se materializan, y otros en los que no. Sibelys Mejía Rodríguez, de Ilex, da un ejemplo: un río con capacidad de 100 unidades, de las que la empresa usa 50 y la comunidad 50. Si en diez años el caudal baja a 80 por temperaturas más altas y sequías más largas, la empresa seguiría con 50 y la comunidad quedaría con 30. La Sentencia C-280 de 2024 busca prever ese tipo de efectos.

La norma incluye una transición: quienes iniciaron estudios antes de julio tienen 18 meses para radicar la solicitud bajo la metodología de 2018; quienes empezaron después deben usar la nueva. Las investigadoras destacan avances, como la exigencia de evaluar vulneraciones de derechos humanos y de medir emisiones como dióxido de carbono o metano. También señalan vacíos: Sofía Villalba, de Dejusticia, advierte que no hay un estándar para medir qué es una vulneración de derechos, lo que abre la puerta a valoraciones subjetivas.

El mayor vacío, dice Mateus, está en los documentos que deben actualizarse junto con la metodología. Hay 54 términos de referencia sectoriales vigentes, y según Mejía actualizar cada uno puede tardar hasta dos años. Solo dos mencionan la sentencia: los de pequeña minería y proyectos geotérmicos. El Minambiente dice que trabaja en ello, pero no sabe cuánto tardará.

El plazo vence en febrero de 2027, cuando se cumplen los dos años que dio la Corte. Si para entonces no está todo listo, "ya podríamos hablar de un incumplimiento de la sentencia", dice Mejía. La Defensoría del Pueblo, en sus comentarios al decreto, advierte objeciones de relevancia constitucional por cargas de comparecencia y términos preclusivos que podrían impedir que algunas comunidades sean escuchadas, y pide que el decreto mismo se someta a consulta previa. Piñeros, pese a ello, dijo que el decreto estaba listo para ponerse en marcha.