Consejo de Estado anula elección del congresista antioqueño Jaime Cano

El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Alonso Cano Martínez como representante a la Cámara por Antioquia para el período 2026-2030. La decisión, emitida el 1 de octubre de 2026 por la Sección Quinta del tribunal, cierra un proceso que comenzó meses después de que Cano ganara su curul en marzo con 64.173 votos. Dos ciudadanos, Andrés Julián Rodas Vidal y Cristian Andrés Flórez Rojas, presentaron demandas entre abril y mayo cuestionando su elegibilidad por tres posibles inhabilidades constitucionales.

El argumento que finalmente prosperó ante el tribunal se centró en la familia de Cano. Su hermano, Gustavo Adolfo Cano Martínez, se desempeñaba como inspector de convivencia y paz urbano en Medellín desde el momento en que Jaime se inscribió como candidato hasta el día de las elecciones. Los demandantes sostuvieron que este cargo implicaba autoridad civil —los inspectores tienen facultades para tomar decisiones y aplicar medidas relacionadas con el cumplimiento de normas de convivencia— y que se ejercía precisamente en la jurisdicción donde Cano buscaba su curul. La Constitución prohíbe que candidatos tengan familiares que ejerzan autoridad civil dentro de su circunscripción electoral. El Consejo de Estado estuvo de acuerdo. Para el tribunal, no importaba que el hermano hubiera ingresado mediante concurso de méritos, que ocupara un cargo subordinado o que sus labores fueran principalmente administrativas. La ley constitucional simplemente requiere que el funcionario tenga legalmente asignadas esas competencias durante el período establecido. Medellín forma parte de la circunscripción electoral de Antioquia, así que todos los elementos de la inhabilidad estaban presentes.

La defensa de Cano había argumentado que las funciones de su hermano eran principalmente trámites como licencias funerarias y registros de defunción, y que no se había demostrado influencia real sobre los electores. El tribunal rechazó este razonamiento. Según la sentencia, no es necesario probar que el funcionario haya utilizado sus facultades en casos concretos o que haya influido efectivamente en los votantes. Basta con que tenga legalmente asignadas esas competencias.

El tribunal también desestimó dos de los tres argumentos de los demandantes. Sobre la acusación de que Cano había ejercido como diputado de la Asamblea de Antioquia dentro de los doce meses previos a su elección al Congreso —lo que habría configurado una coincidencia de períodos prohibida— el Consejo de Estado le dio la razón a Cano. Su elección inicial como diputado había sido anulada judicialmente antes de que se inscribiera como candidato a la Cámara, así que técnicamente nunca ejerció ese cargo. Además, aunque la Corte Constitucional había declarado inexequible la norma que regulaba la coincidencia de períodos en abril de 2026, estableció que sus efectos solo aplicaban a futuro, no retroactivamente a las elecciones de marzo. El tribunal también rechazó el argumento sobre autoridad política, concluyendo que los diputados, aunque son servidores públicos, no tienen la condición específica de empleados públicos que exige esa causal constitucional.

La sentencia fue dictada en única instancia y no procede recurso alguno. Cano, aliado del exsenador Carlos Andrés Trujillo, ha permanecido en silencio tras la decisión. En los círculos políticos de Antioquia ya se da por hecho que Camilo Callejas, del ala del conservador Germán Blanco, asumirá la curul. Callejas obtuvo 25.063 votos en las elecciones de marzo, quedando detrás de Cano y Luis Miguel López en la votación del Partido Conservador.