Congreso de Brasil aprueba ley que reduciría pena de Bolsonaro de 27 a dos años

En la madrugada del miércoles, la cámara baja brasileña votó a favor de una medida que podría transformar radicalmente la situación legal de Jair Bolsonaro. Con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, los diputados aprobaron un proyecto de ley diseñado para reducir la condena del expresidente de 27 años a poco más de dos años de cárcel, siempre que el Senado lo ratifique en los próximos pasos legislativos.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde finales de noviembre permanece en régimen cerrado. El proyecto que acaba de aprobar la cámara baja ataca el núcleo de esa condena mediante un mecanismo legal específico: impide que se acumulen las penas de dos delitos distintos por los que fue condenado. El primero es el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, que contempla hasta ocho años de prisión. El segundo es el golpe de Estado, que prevé hasta 12 años. Al tratarlos como tipos penales similares, la ley permitiría aplicar solo la pena más grave, eliminando la acumulación que llevó a los 27 años originales.

La medida incluye además una segunda disposición que reduce significativamente las sentencias por golpismo cuando los crímenes se cometen como parte de una multitud. Esta cláusula apunta directamente a los eventos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de bolsonaristas asaltaron las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. En esos casos, la ley permite reducir la pena de un tercio a dos tercios. Finalmente, el proyecto acelera la progresión desde el régimen cerrado al semiabierto: los condenados por estos crímenes podrían acceder a esa progresión tras cumplir una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si hubo violencia. Según Paulo Pereira da Silva, el diputado que presentó la iniciativa, Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años bajo estas nuevas reglas.

El beneficio no se limitaría a Bolsonaro. Entre los potenciales favorecidos figuran altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del expresidente para mantenerse en el poder después de perder las elecciones ante Lula. Pereira presentó el proyecto como una medida de reconciliación destinada a corregir lo que describió como excesos en las penas impuestas por la Corte Suprema, aunque insistió en que no buscaba evadir la responsabilización.

La oposición fue inmediata y áspera. Lindbergh Farias, líder de los diputados del Partido de los Trabajadores de Lula, declaró que la cámara estaba abrazando el golpismo. El Partido Liberal de Bolsonaro había buscado inicialmente una amnistía completa que anulara la condena, pero esa opción fue rechazada por la mayoría de las formaciones políticas, incluso por algunos sectores de derecha. Ante ese rechazo, los bolsonaristas aceptaron esta versión menos ambiciosa. Sóstenes Cavalcante, líder de los diputados ultraderechistas, defendió el texto como lo posible en las circunstancias actuales y afirmó que el expresidente lo respalda.

El bolsonarismo ha rechazado consistentemente la caracterización de los eventos como un intento de golpe. Sus voceros acusan a la Corte Suprema de motivaciones políticas y han presentado el asalto del 8 de enero como un simple acto de vandalismo. La sesión legislativa estuvo marcada por momentos de tensión física: hubo empujones y forcejeos entre diputados y miembros de la seguridad legislativa. Un diputado de izquierda ocupó la silla de la presidencia como forma de protesta antes de ser retirado a la fuerza, y los medios de comunicación fueron expulsados de la sala del pleno.

Ahora el proyecto debe pasar al Senado. Si esa cámara lo ratifica, la transformación legal de la condena de Bolsonaro sería sustancial. Lo que comenzó como una sentencia de 27 años se convertiría en una pena de poco más de dos años, con la posibilidad de que el expresidente acceda a un régimen menos restrictivo en un plazo similar. La votación en el Senado determinará si esta reducción se concreta o si la condena original se mantiene.