Congreso aprueba nueva fórmula de juramentación con opción laica para funcionarios

La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó el martes un dictamen que redefine cómo los altos funcionarios del Estado asumen sus cargos, estableciendo por primera vez una fórmula estandarizada que reconoce tanto la fe religiosa como la opción laica. Con 18 votos a favor y uno en contra, el grupo de trabajo presidido por Arturo Alegría García de Fuerza Popular dio luz verde al Proyecto de Ley 4540/2022-CR, un protocolo que busca poner orden en un acto que, según los legisladores, se había vuelto inconsistente y vulnerable a expresiones políticas o religiosas que no correspondían al carácter institucional que debería tener.

La necesidad de esta regulación surgió de una realidad que los congresistas observaron en años recientes: la ausencia de uniformidad en la manera en que los funcionarios juraban sus cargos. Algunos invocaban a Dios, otros añadían declaraciones de carácter político o proselitista, generando distorsiones que desviaban el acto de su propósito constitucional. Alegría explicó que el dictamen busca que la juramentación sea eminentemente solemne, institucional y representativa, reafirmando su sentido constitucional y no partidario. El protocolo identifica tres elementos clave: la mención del nombre del funcionario como compromiso personal, la adhesión moral de los creyentes hacia su fidelidad a Dios, y para los no creyentes, la posibilidad de reemplazar la invocación religiosa por una promesa a la patria.

El aspecto más significativo del dictamen es que reconoce explícitamente la laicidad del Estado peruano y el respeto a la libertad religiosa, incluyendo el derecho de no profesar ninguna fe. Esto representa un cambio importante en un país donde la tradición ha sido predominantemente religiosa. La nueva fórmula propuesta permite que, a solicitud del funcionario, se reemplace la tradicional invocación "Juro por Dios" por "Yo prometo por la Patria". La versión final del juramento quedaría redactada como: "Juro por Dios y por la Patria que ejerceré fielmente el cargo que me ha conferido la Nación, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú y defender la soberanía nacional e integridad territorial". Según Alegría, esta fórmula devuelve al acto su carácter simbólico y cívico, asegurando que represente el verdadero compromiso con la Constitución y la Nación.

Durante la misma sesión, la Comisión de Constitución también abordó otros asuntos relacionados con el funcionamiento del Congreso. Aprobó por unanimidad, con 18 votos a favor, un informe consultivo solicitado por la congresista Katy Ugarte Mamani que determinó que no es jurídicamente viable la creación de subcomisiones dentro de una comisión investigadora. En paralelo, se debatió otra opinión consultiva relacionada con la Comisión Investigadora Multipartidaria que examina el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, presidida por Alejandro Muñante Barrios, aunque las conclusiones sobre los límites de las citaciones y la negativa a declarar quedaron en cuarto intermedio para una revisión más exhaustiva.

La sesión también incluyó la aprobación de dictámenes de control sobre varios Tratados Internacionales Ejecutivos, mecanismo mediante el cual el Congreso supervisa los compromisos firmados por el Poder Ejecutivo. Con 17 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, se aprobaron los dictámenes de los tratados números 36, 43 y 46. Con 15 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, se aprobaron los dictámenes de los tratados números 38, 44 y 179, que abordaban temas como la prevención de la violencia contra la mujer, la promoción de la cinematografía y la protección de los servicios de polinización.

La sesión también incluyó la sustentación de nuevos proyectos de ley. El congresista Carlos Anderson Ramírez, No Agrupado, presentó la Ley 9234/2024-CR, que declara de interés nacional la incorporación del Santuario Histórico de Machu Picchu a la lista de activos críticos nacionales. Por su parte, Karol Paredes Fonseca de Avanza País sustentó el Proyecto de Ley 10419/2024-CR, que propone modificar el Código Procesal Constitucional para otorgar al Tribunal Constitucional la facultad de seguimiento y supervisión en el cumplimiento de sus sentencias.

Con esta decisión, la Comisión de Constitución sienta las bases para un protocolo uniforme que podría aplicarse en los tres poderes del Estado y en organismos autónomos. La medida busca reforzar el carácter institucional y neutral del acto, evitando expresiones políticas o religiosas que generen controversias. El dictamen ahora avanza hacia el pleno del Congreso, donde deberá ser debatido y votado antes de convertirse en ley.