Congreso aprueba en primera votación eliminar inmunidad parlamentaria

La Corte Suprema procesaría delitos comunes cometidos durante el mandato
La reforma constitucional aprobada transfiere competencia de procesamiento de congresistas desde la inmunidad tradicional a la Corte Suprema.
Mark

¿Por qué es importante que la Corte Suprema sea la que procese a los congresistas y no los jueces ordinarios?

Mimi

Porque la Corte Suprema es la instancia más alta del poder judicial. Darle esa competencia significa que los casos contra legisladores no quedan en manos de jueces locales que podrían ser más vulnerables a presiones políticas.

Luke

Pero eso asume que la Corte Suprema es menos vulnerable. ¿Hay evidencia de eso en el reportaje?

Mimi

No, el reportaje no lo dice. Solo establece que la competencia va a la Corte Suprema.

Mark

¿Qué significa que los magistrados del Tribunal Constitucional tengan las mismas prerrogativas que los congresistas?

Mimi

Que seguirán protegidos por sus opiniones y votos, pero también quedarán expuestos a procesamiento por delitos comunes, igual que los congresistas bajo esta reforma.

Luke

¿Eso es una expansión o una restricción de sus derechos?

Mimi

Es una expansión de la exposición a procesamiento, pero una protección de sus funciones. El cambio fue que Chehade lo incluyó en el texto sustitutorio cuando no estaba en el dictamen original.

Mark

¿Cuándo entra en vigor esta reforma?

Mimi

No entra en vigor todavía. Necesita una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.

Luke

¿Y si en la siguiente legislatura hay otros congresistas? ¿Podrían revertirlo?

Mimi

Técnicamente sí, pero una reforma constitucional requiere mayoría calificada. Con 103 votos a favor, parece haber consenso.

Mark

¿Qué significa que Martha Chávez haya presentado una cuestión de orden?

Mimi

Intentaba definir cuándo se votaría el dictamen de julio sobre inmunidad de altos funcionarios. Fue rechazada.

Luke

¿Son dos reformas diferentes o la misma?

Mimi

El reportaje no lo aclara. Parece que hay dos iniciativas distintas en movimiento.

  • Con 103 votos a favor y apenas 14 en contra, el Congreso envió una señal contundente de que la era de la inmunidad irrestricta podría estar llegando a su fin.
  • La inclusión de magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo en el texto sustitutorio amplió el alcance de la reforma más allá de lo que la comisión había propuesto originalmente, generando debate sobre los límites del cambio.
  • Una cuestión de orden presentada por Martha Chávez intentó desviar la atención hacia un dictamen anterior sobre altos funcionarios, pero fue rechazada, manteniendo el foco en la reforma en curso.
  • La inmunidad parlamentaria sigue vigente mientras el proyecto aguarda una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, dejando el cambio constitucional en suspenso pero con un rumbo definido.

En un momento que podría redefinir los límites del poder en el Perú, el Congreso votó abrumadoramente para eliminar la inmunidad parlamentaria, abriendo la puerta a que la Corte Suprema juzgue a legisladores por delitos comunes. La reforma, aprobada con 103 votos a favor, toca el artículo 93 de la Constitución y extiende sus alcances a magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Es apenas el primer paso de un proceso que aún requiere una segunda votación, pero el gesto legislativo es inequívoco: la protección histórica de los parlamentarios peruanos comienza a ceder ante la presión de la rendición de cuentas.

El jueves, el Congreso peruano aprobó en primera votación una reforma constitucional que eliminaría la inmunidad parlamentaria, permitiendo que la Corte Suprema procese a legisladores por delitos comunes cometidos durante su mandato. La votación fue amplia: 103 a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

La propuesta modifica el artículo 93 de la Constitución, que históricamente ha protegido a los parlamentarios de la persecución judicial. Bajo la nueva redacción, esa protección desaparecería para delitos comunes, aunque los congresistas conservarían su resguardo frente a responsabilidades derivadas de sus opiniones y votos en funciones.

El texto aprobado fue presentado como sustitutorio por Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, e incorporó una novedad respecto al dictamen original: la extensión de prerrogativas equivalentes a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, ampliando así el alcance de la reforma.

Antes de la votación, Martha Chávez intentó redirigir el debate mediante una cuestión de orden sobre un dictamen anterior, pero su moción fue rechazada. El proyecto aún debe superar una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para convertirse en ley constitucional. Mientras tanto, la inmunidad permanece vigente, aunque el voto de esta semana traza con claridad la dirección que el Congreso ha elegido.

El Congreso de la República dio un paso decisivo el jueves para desmantelar una de las protecciones más antiguas del poder legislativo peruano. En votación de primera lectura, la cámara aprobó una reforma constitucional que eliminaría la inmunidad parlamentaria, permitiendo que la Corte Suprema procese a congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato. La votación fue contundente: 103 legisladores a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

La propuesta modifica el artículo 93 de la Constitución Política, el mismo que ha protegido históricamente a los parlamentarios de persecución judicial por sus actos en el ejercicio del cargo. Bajo la nueva redacción, esa protección desaparecería para delitos comunes. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo recibirían las mismas garantías que conservarían los congresistas para sus opiniones y votos en funciones, pero quedarían igualmente expuestos a procesamiento por delitos ordinarios.

El texto que se aprobó fue presentado como sustitutorio durante el debate por Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución. Esta versión incluía una disposición que no figuraba en el dictamen original elaborado por la comisión: la extensión de prerrogativas equivalentes a los magistrados constitucionales y al Defensor del Pueblo. El cambio fue significativo porque ampliaba el alcance de la reforma más allá de lo que inicialmente se había propuesto.

La reforma establece que el procesamiento por delitos comunes imputados a congresistas durante su mandato sería competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Para delitos cometidos antes de asumir el cargo, la competencia recaería en los jueces penales ordinarios. Los congresistas seguirían protegidos contra responsabilidad por las opiniones que expresen y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones legislativas, pero esa protección no se extendería a actos que constituyan delitos comunes.

Antes de la votación principal, Martha Chávez presentó una cuestión de orden para definir cuándo se realizaría la segunda votación del dictamen que había sido aprobado en julio, que proponía eliminar la inmunidad de altos funcionarios. Su moción fue rechazada. El proyecto ahora enfrenta un camino legislativo que requiere aprobación en segunda votación durante la siguiente legislatura ordinaria para convertirse en ley constitucional. Hasta entonces, la inmunidad parlamentaria permanece vigente, pero el voto de esta semana señala una dirección clara en el Congreso hacia su eliminación.

Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
— Texto de la reforma constitucional aprobada
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