En Lima, la Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó un predictamen que restaura el bicameralismo abandonado hace décadas y restringe la movilidad de los altos funcionarios al dejar el cargo. La decisión, tomada con una votación ajustada, refleja una sociedad que busca reconstruir la confianza en sus instituciones después de años marcados por la corrupción y la inestabilidad política. Si prospera en el Pleno, esta reforma rediseñará no solo la arquitectura del poder legislativo, sino también los límites de la impunidad en el ejercicio del poder público.
Congreso aprueba bicameralidad y restringe salida de altos funcionarios por un año
Los altos funcionarios no podrán salir del país por doce meses sin autorización judicial
Mark
¿Por qué el Congreso decide volver a dos cámaras precisamente ahora? ¿Qué problema intenta resolver?
Mimi
La bicameralidad se presenta como un mecanismo de mayor control y deliberación. Dos cámaras pueden revisar el trabajo de la otra, crear más puntos de veto. En Perú, donde ha habido conflictos graves entre el ejecutivo y el legislativo, algunos ven esto como una forma de distribuir mejor el poder.
Luke
Pero el predictamen no explica realmente por qué bicameralidad es mejor que unicameralidad. Es una decisión institucional importante y la justificación en el documento es principalmente técnica, no argumentada.
Mark
¿Y esa restricción de viaje de doce meses para los funcionarios? ¿Es común en otras democracias?
Mimi
No es común. Es una medida muy restrictiva. La idea es que los funcionarios no puedan huir del país si hay investigaciones en su contra. Refleja preocupación real sobre corrupción y fuga de personas acusadas.
Luke
Pero hay un problema: ¿qué pasa si alguien necesita salir por razones médicas o familiares? El texto dice que necesita autorización judicial, pero ¿cuán fácil es obtenerla? El predictamen no lo especifica.
Mark
Los actuales congresistas no pueden postular al Senado. ¿Eso es una purga política o una medida anticorrupción?
Mimi
Oficialmente es anticorrupción: evita que la clase política simplemente se recicle a sí misma. Pero también tiene un efecto político claro: muchos legisladores actuales pierden la oportunidad de continuar en el Parlamento.
Luke
Exacto. Y eso beneficia a ciertos partidos sobre otros. Acción Popular y APP votaron a favor, y ellos tienen menos legisladores actuales que perderían. Es una medida que parece neutral pero tiene ganadores y perdedores claros.
Mark
¿Qué tan probable es que esto llegue al Pleno antes del 18 de diciembre?
Mimi
Técnicamente está programado para eso. Pero el Congreso peruano es impredecible. Hay solo tres semanas, y hay oposición.
Luke
Y además, esto requiere una mayoría calificada para reforma constitucional. Ocho votos en comisión no garantiza nada en el Pleno. Podría quedar atrapado.
Il Polso
- El Congreso peruano aprobó en comisión el retorno al bicameralismo con apenas ocho votos a favor, evidenciando profundas divisiones sobre cómo debe organizarse el poder legislativo.
- La propuesta introduce una restricción inédita: ningún alto funcionario —desde el presidente hasta jueces supremos— podrá salir del país durante doce meses tras dejar el cargo sin autorización judicial.
- La expansión de los delitos por los que el presidente puede ser acusado constitucionalmente —incluyendo terrorismo, narcotráfico y lavado de activos— agudiza la tensión entre la clase política y las demandas ciudadanas de rendición de cuentas.
- Los actuales congresistas quedan bloqueados para postular al Senado en 2022, cerrando la puerta a una reelección encubierta que habría permitido a la clase política simplemente cambiar de cámara.
- El predictamen deberá llegar al Pleno antes del 18 de diciembre, cuando vence la legislatura, convirtiendo las próximas semanas en un momento decisivo para la reforma constitucional más ambiciosa en años recientes.
En Lima, la Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó un predictamen que restaura el bicameralismo abandonado hace décadas y restringe la movilidad de los altos funcionarios al dejar el cargo. La decisión, tomada con una votación ajustada, refleja una sociedad que busca reconstruir la confianza en sus instituciones después de años marcados por la corrupción y la inestabilidad política. Si prospera en el Pleno, esta reforma rediseñará no solo la arquitectura del poder legislativo, sino también los límites de la impunidad en el ejercicio del poder público.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó un predictamen que marca un giro institucional de largo alcance: el país retornará al sistema bicameral a partir de 2023, tras años operando con una sola cámara legislativa. La votación fue estrecha —ocho a favor, dos en contra y cuatro abstenciones— después de más de tres sesiones de debate que dejaron al descubierto las tensiones internas sobre el diseño del poder legislativo.
Bajo la propuesta, el Congreso pasará a llamarse Parlamento y se dividirá en una Cámara de Diputados con 130 miembros y un Senado con 60 integrantes elegidos en los comicios regionales y municipales de 2022. La transición se extenderá más de dos años, con los senadores juramentando el 29 de diciembre de 2022 y los diputados asumiendo el primero de enero de 2023.
Pero el predictamen va más allá de la estructura legislativa. Incorpora el artículo 90-A a la Constitución, que impide al presidente, ministros, congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor, y jueces y fiscales supremos salir del país durante doce meses tras concluir sus funciones sin autorización judicial previa. La medida, sin precedente reciente en la historia constitucional peruana, busca garantizar la disponibilidad de los funcionarios ante eventuales investigaciones.
La propuesta también amplía los delitos por los que el presidente puede ser acusado constitucionalmente, sumando terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y violación de la libertad sexual, ya sea que los delitos hayan ocurrido durante su gestión o antes de asumir el cargo. Asimismo, se cierra explícitamente la posibilidad de que los actuales congresistas postulen al Senado en 2022, impidiendo que la clase política transite de una cámara a otra sin pasar por el escrutinio electoral.
El presidente de la comisión, Omar Chehade, defendió este punto con énfasis, mientras que el legislador Gino Costa intentó sin éxito que el proyecto se votara artículo por artículo. El predictamen deberá ser incluido en la agenda del Pleno antes del 18 de diciembre, cuando concluye la legislatura, abriendo semanas decisivas para una reforma que, de prosperar, rediseñará los cimientos del poder legislativo y los límites de la impunidad en el Perú.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó ayer un predictamen que marca un giro institucional significativo: el país volverá a un sistema bicameral a partir de 2023, después de años funcionando con una sola cámara legislativa. La votación fue cerrada —ocho votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones— tras más de tres sesiones de debate que evidenciaron las tensiones internas sobre cómo debe estructurarse el poder legislativo.
La propuesta tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo. El Congreso pasará a llamarse Parlamento y se dividirá en dos cámaras: una de Diputados con 130 miembros (los legisladores elegidos en 2021) y otra de Senadores con 60 miembros (elegidos en comicios municipales y regionales de 2022). Los senadores se jurarán el 29 de diciembre de 2022, mientras que los diputados tomarán posesión el primero de enero de 2023. Esto significa que Perú está diseñando una transición institucional que se extenderá durante más de dos años.
Pero el predictamen no solo trata de estructura legislativa. Incluye una serie de restricciones que afectan a los funcionarios públicos de alto nivel. Se agregó el artículo 90-A a la Constitución estableciendo que el presidente de la República, ministros, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor, y jueces y fiscales supremos no podrán salir del país durante doce meses después de terminar sus funciones sin autorización previa del Poder Judicial. Esta restricción de movilidad es una medida sin precedentes reciente en la historia constitucional peruana, diseñada aparentemente para asegurar que los funcionarios permanezcan disponibles para investigaciones o procesos legales.
La propuesta también amplía significativamente los delitos por los cuales el presidente puede ser acusado constitucionalmente. Además de los delitos dolosos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, ahora puede ser acusado por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, lavado de activos y violación de la libertad sexual, tanto si fueron cometidos durante su gestión como antes de asumir el cargo. Esta expansión de la responsabilidad presidencial refleja preocupaciones sobre corrupción y delitos graves que han marcado la política peruana reciente.
Un aspecto que generó debate fue la cuestión de la reelección. El texto establece que los miembros del Parlamento no pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo, y específicamente cierra la puerta para que los actuales congresistas o miembros del Parlamento disuelto puedan postular al Senado en los comicios de 2022. Omar Chehade, titular de la Comisión de Constitución, enfatizó este punto: la medida impide que la clase política actual simplemente se traslade de una cámara a otra. Gino Costa, legislador del Partido Morado, intentó sin éxito que el proyecto se votara artículo por artículo, buscando mayor escrutinio de cada disposición.
La votación reflejó alineamientos partidarios. Votaron a favor legisladores de Acción Popular (Franco Salinas, Luis Roel, Otto Guibovich y Freddy Llaulli), Podemos Perú (Robinson Gupioc y Carlos Almerí), y Alianza para el Progreso (Jim Mamani y el mismo Chehade). En contra votaron Lenin Checo del Frente Amplio y Rubén Ramos. Se abstuvieron Gino Costa y Carolina Lizárraga del Partido Morado, así como Isaías Pineda y Cristina Retamozo de Frepap.
Ahora el predictamen debe ser enviado a la Mesa Directiva del Congreso para que sea incluido en la agenda del Pleno antes del 18 de diciembre, cuando termina la legislatura actual. Esto significa que el debate sobre bicameralidad y las restricciones a funcionarios llegará al plenario en las próximas semanas, donde enfrentará nuevas votaciones y posiblemente más objeciones. La reforma constitucional, si prospera, rediseñará la arquitectura del poder legislativo peruano y establecerá límites sin precedentes a la libertad de movimiento de los altos funcionarios públicos.
Citazioni salienti
Se está cerrando la puerta para que los actuales congresistas o miembros del Parlamento disuelto puedan postular al Senado en los comicios del 2022— Omar Chehade, titular de la Comisión de Constitución
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