En un momento en que las sociedades debaten el equilibrio entre seguridad y libertad, el Congreso peruano aprobó esta semana la creación de un banco nacional de perfiles genéticos que quedará bajo control exclusivo de la Policía Nacional, sin participación del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal. La medida, impulsada por Fuerza Popular con 14 votos a favor, promete modernizar la investigación criminal, pero abre preguntas profundas sobre quién custodia la información más íntima de las personas y bajo qué garantías. En la tensión entre el orden y los derechos, lo que se decide
Congreso aprueba banco de ADN bajo control exclusivo de PNP, excluyendo a Fiscalía
La PNP, tan desprestigiada, va a controlar información genética sensible
¿Por qué la exclusión de la Fiscalía es tan problemática si la PNP también investiga crímenes?
Porque la Fiscalía dirige constitucionalmente las investigaciones criminales. Si la PNP controla los datos genéticos sin supervisión fiscal, hay un desequilibrio de poder. La Fiscalía no puede verificar cómo se recopilan o usan esos datos.
Pero espera—¿el proyecto especifica qué puede hacer la PNP con los datos? ¿Hay restricciones sobre acceso, compartir información, o retención?
El texto aprobado no menciona esos límites. Solo dice que la PNP administra el banco. No hay detalles sobre quién puede acceder o cómo se protegen los datos de investigados y detenidos.
¿Y qué pasa con alguien que es investigado pero nunca condenado? ¿Su ADN permanece en el banco indefinidamente?
Esa es exactamente la preocupación de Luque. El proyecto permite registrar investigados y detenidos, pero no aclara si sus datos se eliminan si son absueltos o si los cargos se desestiman.
Entonces lo que sabemos es que pasó con 14 votos, que excluye a Fiscalía e IML, y que permite registrar a investigados. Lo que no sabemos es cómo funcionará realmente, qué salvaguardas existen, o si hay un proceso para remover datos.
Exacto. Por eso los opositores dicen que pone en riesgo derechos fundamentales. Es un banco de información genética sin supervisión clara ni límites definidos.
¿Qué sigue ahora?
Va al pleno del Congreso. Habrá más debate, pero la comisión ya lo aprobó, así que tiene impulso legislativo.
El Pulso
- La Comisión de Constitución aprobó con 14 votos concentrar el control del ADN de condenados, investigados, detenidos y víctimas en una sola institución: la PNP.
- El Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal —los organismos con mayor experiencia forense— quedan completamente fuera de la administración y supervisión del banco.
- Legisladores opositores advierten que incluir a personas detenidas aún sin condena en la base de datos vulnera directamente la presunción de inocencia consagrada en la Constitución.
- La congresista Ruth Luque denunció que entregar información genética sensible a una institución cuestionada por falta de transparencia representa un riesgo real para los derechos fundamentales.
- El dictamen avanza ahora hacia el pleno del Congreso, donde el debate sobre sus implicaciones constitucionales promete intensificarse.
En un momento en que las sociedades debaten el equilibrio entre seguridad y libertad, el Congreso peruano aprobó esta semana la creación de un banco nacional de perfiles genéticos que quedará bajo control exclusivo de la Policía Nacional, sin participación del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal. La medida, impulsada por Fuerza Popular con 14 votos a favor, promete modernizar la investigación criminal, pero abre preguntas profundas sobre quién custodia la información más íntima de las personas y bajo qué garantías. En la tensión entre el orden y los derechos, lo que se decide no es solo una base de datos, sino el tipo de Estado que una nación elige ser.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el martes, con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la creación de un Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos. La iniciativa, liderada por Fuerza Popular, busca fortalecer la investigación criminal mediante el almacenamiento de ADN no codificante para identificar personas en procesos policiales, judiciales y casos de desaparecidos. Sus defensores, como el parlamentario Fernando Rospigliosi, la presentaron como una herramienta científica y moderna.
Sin embargo, el punto más controvertido es que la Policía Nacional tendrá manejo exclusivo del banco, dejando fuera al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal, instituciones con experiencia técnica en criminalística y análisis forense. Esta concentración de poder sobre datos genéticos en una sola entidad, sin supervisión fiscal ni civil, es el núcleo de las críticas.
La congresista Ruth Luque fue una de las voces más firmes en la oposición. Señaló que la Constitución establece que la conducción de investigaciones corresponde a la Fiscalía, y que excluirla por completo es constitucionalmente problemático. También alertó sobre el riesgo de registrar genéticamente a personas detenidas que aún gozan de presunción de inocencia. "La PNP, tan desprestigiada y que criminaliza, va a tomar el control de información sensible", advirtió en redes sociales.
El proyecto no limita el registro a condenados: también incluye a investigados, detenidos y víctimas, sin establecer con claridad los límites de inclusión ni los mecanismos de protección de datos. El dictamen pasa ahora al pleno del Congreso, donde el debate sobre su compatibilidad con los derechos fundamentales apenas comienza.
La Comisión de Constitución del Congreso votó el martes para crear un banco nacional de perfiles genéticos que funcionará bajo control exclusivo de la Policía Nacional. El dictamen pasó con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Fuerza Popular impulsó la medida como herramienta para fortalecer la investigación criminal, pero la aprobación ha encendido alarmas entre legisladores y expertos sobre quién tendrá acceso a información genética sensible y bajo qué supervisión.
El Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos almacenará muestras de ADN no codificante para identificar personas en investigaciones policiales, judiciales y en casos de desaparecidos. Según sus defensores, la base de datos permitirá comparar perfiles genéticos obtenidos durante investigaciones con registros de víctimas, investigados y condenados, creando un sistema científico y moderno para resolver crímenes. El parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi argumentó durante el debate que el proyecto establecería una herramienta segura y moderna para la lucha contra el crimen.
Pero el texto genera inquietud por una razón fundamental: la Policía Nacional tendrá manejo exclusivo del banco, mientras que el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal quedan completamente excluidos. Ambas instituciones poseen experiencia técnica en criminalística y análisis forense, pero no participarán en la administración ni supervisión de la base de datos. Esta concentración de poder sobre información genética en una sola institución ha generado críticas de legisladores que votaron en contra.
La congresista Ruth Luque, quien se opuso al dictamen, señaló que la decisión pone en riesgo derechos fundamentales al concentrar el manejo de información genética en una institución que ha sido cuestionada por falta de transparencia. Luque destacó que la Constitución establece que la conducción de investigaciones debe ser liderada por la Fiscalía, y que excluir al Ministerio Público de toda la propuesta es problemático. También advirtió sobre la falta de claridad respecto a las personas detenidas, quienes tienen presunción de inocencia, y el riesgo que esto representa. "La PNP, tan desprestigiada y que criminaliza, va a tomar el control de información sensible", escribió desde sus redes sociales.
El proyecto aprobado permite el registro genético no solo de personas condenadas, sino también de investigados, detenidos y víctimas. Esta amplitud ha generado preocupación por la ausencia de límites claros sobre quién puede ser incluido en la base de datos y cómo se protegerán los derechos de quienes aún no han sido condenados. La falta de control civil o fiscal sobre el banco significa que no hay mecanismo externo para supervisar cómo se recopila, almacena y utiliza la información genética.
El dictamen ahora avanza hacia el pleno del Congreso, donde enfrentará nuevos debates. Los opositores continuarán cuestionando si concentrar información genética tan sensible en una sola institución policial, sin participación del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal, es compatible con los derechos fundamentales y la presunción de inocencia que la Constitución garantiza.
Citas Notables
Se excluye al Ministerio Público de toda la propuesta, es como si esta entidad no existiera. También es cierto que no hay claridad para las personas detenidas y ellos tienen presunción de inocencia. Puede generar un riesgo.— Congresista Ruth Luque, votante en contra del dictamen
El proyecto tiene como propósito establecer una base de datos científica, segura y moderna que permita comparar perfiles genéticos obtenidos en investigaciones policiales con registros de víctimas, investigados o condenados.— Parlamentario Fernando Rospigliosi, defensor del proyecto