Congreso aprueba 140 cambios electorales para 2026 pero deja pendientes reformas clave

El Congreso peruano cerró su legislatura ordinaria con 140 cambios aprobados a las reglas electorales para 2026, pero dejó sin resolver tres iniciativas que sus propios miembros consideraban importantes. La más significativa fue el intento de prohibir que personas condenadas por terrorismo se presentaran como candidatos. La propuesta requería 87 votos para avanzar como reforma constitucional. Solo llegó a 64. Aunque técnicamente quedó abierta a una reconsideración, el tema no se cerró antes del cierre de sesiones, dejando la puerta abierta pero sin certeza sobre si volverá a debatirse.

Otro asunto que se quedó en el limbo fue la reelección de gobernadores y alcaldes. El Congreso había intentado restaurar esta facultad, que fue eliminada años atrás, pero también buscaba suprimir los movimientos regionales como forma de organización política. Los legisladores no lograron consenso para la segunda votación de esta reforma constitucional. Fuentes legislativas sugieren que podría intentarse separar ambas cuestiones en el futuro, rescatando la reelección y dejando de lado la eliminación de las agrupaciones subnacionales.

La tercera iniciativa sin definición fue la restitución del financiamiento empresarial a los partidos políticos. El pleno aprobó devolver la propuesta a la Comisión de Constitución para revisión adicional, pero alguien presentó una reconsideración a esa decisión, dejando el tema en suspenso. El Congreso retomará el análisis de estas y otras propuestas pendientes en marzo de 2025, cuando inicie la nueva legislatura después del receso que se extiende hasta finales de febrero.

Entre los cambios que sí se aprobaron, especialistas en derecho electoral han identificado problemas de coherencia normativa. El texto sustitutorio que adecuó la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso bicameral incluyó modificaciones para elecciones regionales y municipales, algo que los expertos consideran fuera de lugar. José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, señaló que es problemático que se haya permitido designar al 30% de los candidatos subnacionales, incluidos gobernadores y alcaldes. Anteriormente, ese porcentaje era del 20% y no se podía designar directamente a las autoridades regionales.

Otro cambio criticado fue la reducción de la valla para mantener la inscripción en elecciones subnacionales. Ahora los partidos solo necesitan participar en el 20% de provincias para no perder su registro, cuando antes el requisito era más exigente. José Naupari, otro abogado especialista, calificó esto como negativo para la institucionalidad electoral.

Ambos expertos coincidieron en que el Congreso no reguló adecuadamente las elecciones primarias a nivel legal. Naupari señaló que el Tribunal Constitucional ya ha advertido sobre el uso desproporcionado de la potestad reglamentaria en este tema. Villalobos agregó que para las primarias no hay fechas ni plazos definidos en la ley, lo que generará duplicación de trabajo: los jurados calificarán candidaturas en las primarias y luego volverán a hacerlo para la inscripción oficial.

A pesar de estas críticas, ambos abogados reconocieron aspectos positivos en los cambios aprobados. Destacaron el desarrollo de la elección bicameral y las modificaciones en la valla electoral diseñadas para fomentar las alianzas entre partidos. El panorama que queda para 2026 es, entonces, de cambios significativos pero incompletos, con reformas clave aún por definirse cuando el Congreso reanude sus labores en el nuevo año legislativo.