En el cruce entre el derecho a la protesta y las obligaciones del Estado frente a las misiones diplomáticas, la representante Carol Borda elevó una solicitud urgente al alcalde de Bogotá para que se adoptaran medidas preventivas en torno a la Embajada de Israel, ante una marcha convocada por organizaciones estudiantiles que partiría desde la sede palestina. Su pedido no buscaba silenciar voces ni negar derechos constitucionales, sino recordar que la presencia de una sede diplomática impone deberes especiales de protección bajo el derecho internacional. La ciudad quedó ante la tarea de sostener