Confevip propone drones, cámaras faciales y 10 cárceles para reforzar seguridad 2026-2030

La seguridad requiere participación coordinada de todos los sectores
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, defiende la participación del gremio privado en la estrategia nacional de seguridad 2026-2030.
Mark

¿Por qué Confevip presenta esto ahora, justo en este momento del gobierno?

Mimi

El gremio ve una ventana de oportunidad. La Ley de Seguridad Ciudadana de 2022 ya abrió la puerta legal para participación privada en cárceles y seguridad. Presentar un plan integral en un congreso internacional les da visibilidad y legitimidad.

Luke

Pero hay que notar que el plan no detalla financiación ni ubicación de las cárceles. Son propuestas, no proyectos con presupuesto aprobado.

Mark

El reconocimiento facial en eventos masivos suena invasivo. ¿Cómo se protege la privacidad?

Mimi

La propuesta dice que respetaría normas de protección de datos personales. Pero es vago. No especifica qué datos se recopilan, cuánto tiempo se guardan, quién accede.

Luke

Exacto. La propuesta menciona "cumplir normas" pero no explica cómo. Eso es un vacío importante entre lo que prometen y lo que garantizan.

Mark

¿Tiene sentido que empresas privadas operen cárceles?

Mimi

Confevip argumenta que tienen presencia territorial, tecnología y personal capacitado. Pero la pregunta más profunda es si la privación de libertad debe ser un negocio.

Luke

Y hay un conflicto de intereses inherente: si una empresa privada gana dinero por cada interno, ¿qué incentivos tiene para rehabilitación o reducción de población carcelaria?

Mark

¿Qué tan realista es invertir 3,5 billones de pesos en diez cárceles?

Mimi

Es una cifra enorme. Para contexto, es comparable a presupuestos anuales de ministerios completos. La pregunta es si el Gobierno tiene esa capacidad de gasto o si espera que el sector privado lo financie.

Luke

Y si es privado, ¿quién paga la operación anual de 55.000 millones por cárcel? ¿El Estado? ¿Los internos? La propuesta no lo dice.

Mark

El Centro de Análisis de Seguridad con big data suena moderno. ¿Es viable?

Mimi

Técnicamente sí. Muchas ciudades en el mundo usan análisis de datos para predecir delito. Pero requiere integración de sistemas, capacitación, y gobernanza clara de datos.

Luke

Y aquí viene el riesgo: si conectas sistemas privados de vigilancia con plataformas estatales, ¿quién controla esa información? ¿Quién audita? La propuesta habla de "coordinación" pero no de supervisión.

  • Colombia enfrenta un sistema penitenciario desbordado y una inseguridad urbana que ningún actor público ha logrado contener por sí solo, lo que abre la puerta a propuestas que habrían parecido radicales hace una década.
  • Confevip llega con una cifra que impone: 3,5 billones de pesos para construir diez cárceles privadas con 20.000 cupos, una apuesta que no detalla de dónde vendrá el dinero ni dónde se ubicarán los centros.
  • La propuesta de drones, reconocimiento facial y análisis de big data en ciudades, fronteras y estadios instala el debate sobre hasta dónde puede llegar la vigilancia privada antes de rozar derechos fundamentales.
  • El gremio insiste en que sus iniciativas no reemplazarían a la fuerza pública sino que operarían como socio coordinado, pero la línea entre colaboración y sustitución es la que el Gobierno deberá trazar con claridad.
  • Las propuestas aterrizarán formalmente en el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada en Cartagena los días 29 y 30 de octubre, donde el sector buscará convertir su agenda en política pública para 2026-2030.

En un país donde la inseguridad sigue siendo una herida abierta, el gremio privado de vigilancia en Colombia no espera que el Estado actúe solo: llega con un plan de cinco ejes que propone tejer lo privado dentro de lo público, desde cámaras con inteligencia artificial hasta cárceles operadas por empresas. La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada, Confevip, presentará estas propuestas al Gobierno en octubre, durante un congreso en Cartagena, apostando a que la seguridad del próximo lustro no puede construirse sin la arquitectura —y el capital— del sector privado.

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia, Confevip, presentará en octubre un plan de cinco ejes estratégicos al Gobierno nacional durante el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada en Cartagena. El documento busca integrar la vigilancia privada en la arquitectura de seguridad del país de una manera más profunda y sistemática que cualquier propuesta anterior del sector.

El primer eje plantea un modelo de tres capas para eventos masivos: vigilantes privados en el perímetro exterior junto a la Policía, un segundo anillo de control preventivo dentro de los recintos, y cámaras inteligentes con reconocimiento facial para detectar riñas y movimientos sospechosos. Todo ello, subraya Confevip, sin sustituir a la fuerza pública.

El eje más ambicioso —y costoso— propone construir y operar diez nuevos establecimientos penitenciarios privados, con una inversión de 350.000 millones de pesos por cárcel, para un total de 3,5 billones. Cada centro albergaría 2.000 internos, sumando 20.000 cupos adicionales al sistema. El gremio se apoya en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2022, aunque no precisa cómo se financiaría el proyecto ni dónde se ubicarían las instalaciones.

El tercer eje apunta a ciudades inteligentes mediante cámaras con analítica, reconocimiento de placas, biometría y drones, conectando sistemas privados de videovigilancia con la Línea 123 de emergencias. Confevip también propone un Centro de Análisis de Seguridad que use inteligencia artificial para procesar patrones de riesgo urbano.

Las dos últimas propuestas abordan la protección de fronteras e infraestructura estratégica mediante vigilancia aérea no tripulada, y una estrategia de ciberseguridad para colegios y universidades que vincule la seguridad física con la protección digital de menores.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, sostiene que el sector privado cuenta con la tecnología, el personal y el conocimiento para ser socio —no sustituto— del Estado en la construcción de seguridad nacional. El Gobierno tendrá que decidir cuánto de esa arquitectura privada está dispuesto a incorporar.

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia llegará al Gobierno nacional en las últimas semanas de octubre con un plan ambicioso para los próximos cinco años. El documento, que será presentado durante el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada en Cartagena los días 29 y 30 de octubre, contiene cinco ejes estratégicos que buscan tejer la vigilancia privada más profundamente en la arquitectura de seguridad del país, desde los estadios hasta las fronteras, desde las cárceles hasta las aulas.

El primer eje propone un modelo de seguridad público-privada para eventos masivos organizado en tres capas. En el perímetro exterior de conciertos, partidos de fútbol y espectáculos culturales, vigilantes privados trabajarían junto a la Policía Nacional controlando accesos y detectando armas, drogas y objetos prohibidos mediante equipos tecnológicos. Dentro de los recintos, un segundo anillo de seguridad privada realizaría labores de control preventivo y disuasivo, identificando armas, elementos cortopunzantes y sustancias ilícitas. El tercer nivel descansa en cámaras inteligentes con reconocimiento facial, tanto fijas como móviles, ubicadas en accesos, tribunas y zonas de riesgo para identificar riñas, concentraciones inusuales de público y movimientos sospechosos. La propuesta subraya que estas acciones operarían bajo coordinación con autoridades sin sustituir funciones de la fuerza pública.

El segundo eje es el más costoso: la construcción y operación de diez nuevos establecimientos penitenciarios. Confevip calcula una inversión de 350.000 millones de pesos por cárcel, lo que suma 3,5 billones de pesos para el conjunto del proyecto. Cada centro tendría capacidad para 2.000 internos, generando 20.000 cupos penitenciarios adicionales. El gremio fundamenta esta propuesta en la Ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla participación de empresas de seguridad en construcción, administración y protección de establecimientos penitenciarios. La operación anual de cada centro rondaría los 55.000 millones de pesos. Sin embargo, la propuesta no especifica mecanismos de financiación ni criterios para elegir las zonas donde se ubicarían estas nuevas cárceles.

El tercer eje apunta a ciudades seguras e inteligentes mediante expansión de tecnología de vigilancia. Confevip propone ampliar cámaras con analítica, sistemas de identificación de placas vehiculares, biometría, drones, semáforos inteligentes y herramientas de monitoreo del espacio público. Un punto central es conectar sistemas privados de videovigilancia con plataformas de atención de emergencias estatales, incluyendo la Línea 123, siempre respetando normas de protección de datos personales. El gremio también plantea crear un Centro de Análisis de Seguridad que utilice big data e inteligencia artificial para procesar información sobre incidentes, patrones de riesgo y movimientos en zonas urbanas.

La cuarta propuesta se enfoca en protección de fronteras, bienes e infraestructura estratégica. El gremio propone desplegar vigilancia aérea no tripulada mediante drones y aeronaves de ala fija, con centros de monitoreo que reciban imágenes en tiempo real. El planteamiento incorpora reconocimiento vehicular, sistemas biométricos y herramientas de inteligencia artificial cuando su utilización esté permitida por ley.

La quinta iniciativa aborda ciberseguridad en espacios educativos. Confevip propone una estrategia público-privada de ciberseguridad para jóvenes, colegios y universidades, vinculando seguridad física con protección digital para prevenir exposición a contenidos violentos, adictivos o sexuales que afecten a menores y estudiantes. La propuesta incluye capacitación técnica para personal operativo del sector en herramientas de analítica predictiva, reconocimiento de vehículos y controles biométricos.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, fundamenta el plan en la presencia territorial y capacidad operativa del sector privado. Sostiene que la seguridad requiere participación coordinada de todos los sectores y que la vigilancia privada cuenta con tecnología, conocimiento y personal capacitado para servir estrategias de prevención y protección. El gremio enfatiza que sus iniciativas operarían dentro del marco legal colombiano y busca posicionar al sector privado no como sustituto de autoridades sino como socio en la construcción de seguridad nacional.

Estamos convencidos de que la seguridad requiere la participación coordinada de todos los sectores. La vigilancia privada tiene presencia en buena parte del territorio nacional y cuenta con tecnología, conocimiento y personal capacitado
— Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
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