Obtenía datos personales para bloquear los equipos que ya habían pagado
En Lima, un joven de 25 años que construyó su presencia en TikTok bajo el alias 'Fake' fue condenado a más de nueve años de prisión por convertir la confianza digital en un instrumento de despojo. Dan Fernández no solo vendía ilusiones de tecnología a precios tentadores, sino que luego usaba los datos personales de sus propias víctimas para bloquear los dispositivos que ellas ya habían pagado. Su caso es un espejo de una época en que las plataformas diseñadas para conectar personas también pueden ser escenarios donde la buena fe se convierte en vulnerabilidad.
- Fernández atraía compradores con transmisiones en vivo en TikTok ofreciendo iPhones de alta gama a precios imposibles de resistir, y una vez recibido el pago, usaba los datos personales de las víctimas para reportar sus propios equipos como robados ante las operadoras.
- El esquema no era obra de una sola persona: cómplices le suministraban tarjetas SIM, acceso a cuentas bancarias y hasta un lector biométrico para suplantar identidades reales y activar chips de forma ilegal.
- En marzo de 2026, un allanamiento policial en su domicilio reveló 52 tarjetas SIM activadas, múltiples celulares, una tablet y el lector biométrico, evidencia que se volvió el eje central de la acusación.
- Mediante terminación anticipada, Fernández aceptó su responsabilidad penal y fue condenado a nueve años y dos meses de prisión, más el pago de 7.950 soles en reparación civil a las diez víctimas acreditadas y a la empresa Bitel.
- Las autoridades peruanas advierten que este caso es apenas un punto de referencia en una tendencia creciente: el comercio informal en redes sociales sigue siendo terreno fértil para el fraude digital, y la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia intensifica sus investigaciones.
Dan Fernández, de 25 años y conocido en redes como 'Fake', fue condenado a nueve años y dos meses de prisión por operar una estafa sistemática a través de TikTok. La sentencia, dictada por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, incluyó también una reparación civil de 7.950 soles. Fernández aceptó su responsabilidad mediante terminación anticipada, evitando un juicio oral completo.
El mecanismo era tan sencillo como cruel: usaba transmisiones en vivo para ofrecer celulares de alta gama a precios muy por debajo del mercado. Cuando los compradores realizaban sus depósitos, Fernández tomaba sus datos personales y los usaba para reportar falsamente los dispositivos como robados ante las operadoras, logrando que fueran bloqueados de forma remota. Las víctimas quedaban sin dinero y sin acceso a los equipos que creían haber comprado.
La operación tenía respaldo: otros integrantes le proveían tarjetas SIM, cuentas bancarias para recibir los pagos y un lector biométrico para activar chips suplantando identidades reales. Durante el allanamiento de marzo de 2026, la policía incautó 52 tarjetas SIM activadas, varios teléfonos, una tablet y ese lector biométrico, evidencia que sustentó los cargos por estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de chips.
Para las diez víctimas reconocidas judicialmente, la condena ofrece una reparación legal, aunque difícilmente compense la pérdida económica ni la sensación de haber sido traicionadas por una transacción que parecía legítima. Para las autoridades, el caso es una señal de alerta: mientras Fernández cumple su condena, otras operaciones similares siguen activas, y el comercio informal en plataformas digitales continúa siendo una vulnerabilidad que los estafadores explotan con creciente sofisticación.
Dan Fernández, de 25 años, conocido en redes sociales como "Fake", fue condenado a nueve años y dos meses de prisión por una operación de estafa que funcionaba a través de TikTok. La sentencia, dictada por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro bajo la dirección del fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, incluyó también el pago de 7.950 soles en reparación civil a las víctimas y a la empresa Bitel. Fernández aceptó su responsabilidad penal mediante terminación anticipada, un mecanismo que permitió cerrar el caso sin necesidad de un juicio oral completo.
El esquema que Fernández operaba era directo pero efectivo. Utilizaba transmisiones en vivo en TikTok para promocionar celulares de alta gama a precios muy por debajo del mercado. Los compradores interesados realizaban depósitos bancarios para adquirir los equipos. Pero una vez que el dinero llegaba a sus cuentas, el proceso se invertía. Fernández obtenía la información personal de cada comprador y la utilizaba para presentar reportes falsos de robo ante las operadoras telefónicas. Con esos datos, lograba que los dispositivos fueran bloqueados remotamente, dejando a las víctimas sin acceso a equipos que ya habían pagado.
La investigación fiscal logró acreditar a diez personas como víctimas directas de este esquema, aunque las pesquisas policiales iniciales habían identificado un número mayor de posibles afectados. El mecanismo era sofisticado: Fernández no actuaba completamente solo. Según explicó un agente policial durante las diligencias, otros integrantes de la operación le proporcionaban tarjetas SIM card, acceso a cuentas bancarias donde se depositaba el dinero de las víctimas, y un lector biométrico que permitía activar los chips suplantando la identidad de personas reales.
En marzo de 2026, la Policía Nacional ejecutó un allanamiento en el domicilio de Fernández. Durante la intervención, los agentes incautaron 52 tarjetas SIM activadas, junto con varios teléfonos celulares, una tablet y un lector biométrico. Este material se convirtió en evidencia central para sustentar los cargos por posesión ilegítima de chips de telefonía, que formaron parte de la acusación junto con la estafa agravada y la suplantación de identidad.
El caso de Fernández refleja una tendencia más amplia que las autoridades peruanas han estado monitoreando con creciente preocupación. Las estafas a través de plataformas digitales continúan en aumento, especialmente aquellas vinculadas a la venta fraudulenta de productos tecnológicos. Las redes sociales, diseñadas para conectar a personas, se han convertido también en espacios donde ofertas aparentemente legítimas ocultan intenciones delictivas. La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ha intensificado sus esfuerzos para investigar y procesar estos casos, reconociendo que el comercio informal en línea presenta vulnerabilidades que los estafadores explotan sistemáticamente.
La sentencia contra Fernández no es un cierre definitivo sino un punto de referencia en una batalla más amplia. Mientras él cumple su condena, las autoridades continúan desarrollando investigaciones sobre otras operaciones similares. El mecanismo de terminación anticipada que permitió resolver este caso rápidamente también refleja una estrategia fiscal de obtener confesiones y cerrar procesos de manera eficiente, liberando recursos para investigaciones más complejas. Para las diez víctimas, la condena ofrece al menos una forma de reparación legal, aunque el dinero ordenado por el tribunal difícilmente compense la pérdida económica y la frustración de haber confiado en una transacción que parecía segura.
Notable Quotes
Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas— Agente policial durante el operativo
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo es que alguien logra bloquear un teléfono que ya no posee?
Eso es lo ingenioso y lo peligroso del esquema. Una vez que Fernández tenía los datos personales de la víctima, podía contactar a la operadora telefónica y reportar el dispositivo como robado. Con la información correcta, la operadora bloqueaba el equipo de forma remota. La víctima ya no podía usarlo, aunque lo tuviera en sus manos.
¿Y por qué necesitaba 52 tarjetas SIM activadas?
Eso sugiere que la operación era más grande de lo que los cargos finales reflejaban. Esas tarjetas eran herramientas del esquema. Algunos reportes indican que se usaban para suplantación de identidad, para activar servicios o para recibir dinero. Cincuenta y dos es un número que habla de una operación organizada, no de un estafador ocasional.
¿Las víctimas no tenían forma de verificar que era una estafa antes de pagar?
Esa es la pregunta incómoda. Fernández usaba transmisiones en vivo en TikTok, lo que le daba una apariencia de legitimidad. Los precios eran bajos pero no ridículos. Y la plataforma misma genera una sensación de comunidad que puede hacer que la gente baje la guardia. Las víctimas confiaron en lo que veían.
¿Qué sucede ahora con el dinero que las víctimas perdieron?
La sentencia ordena 7.950 soles en reparación civil. Pero eso es una cifra única para diez personas y una empresa. Probablemente no cubra las pérdidas reales. Y cobrar de alguien en prisión es otra batalla.
¿Esto detiene a otros como Fernández?
La sentencia es un mensaje, pero no es un escudo. Mientras las redes sociales permitan transacciones directas entre desconocidos sin verificación, habrá espacio para estafadores. La condena de Fernández es importante, pero las autoridades saben que hay más casos como este en investigación.
¿Qué hace que este caso sea diferente de otras estafas en línea?
La sofisticación. No era solo tomar dinero y desaparecer. Fernández usaba datos robados para sabotear los equipos después de la venta. Eso requería acceso a sistemas, coordinación con otros, herramientas específicas. Eso es lo que preocupa a los fiscales: no es un delito impulsivo, es un negocio.