Concejales de Cali denuncian desacato policial y piden restituir sus esquemas de seguridad

El 20 de octubre de 2026, el concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio Bustamante recibió la notificación de que la Policía Nacional le retiraba su esquema de protección. Ocho días después, según su propio relato, seguía sin escolta y con una orden judicial en la mano que nadie había cumplido.

Murgueitio explicó que la decisión la tomó el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, en aplicación de una directriz de orden nacional. El concejal sostiene que no pide la protección por una pretensión personal, sino por una necesidad concreta: registra más de nueve hechos de amenaza en los últimos meses, que se suman a intimidaciones que, según dijo, recibió hace 18 meses por parte de disidencias de las Farc.

Frente al retiro, el cabildante presentó una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales. El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali la admitió y ordenó a la Policía Metropolitana restablecer el esquema de seguridad de forma transitoria, en un plazo no mayor a 48 horas. El fallo se apoyó en la evaluación del nivel de riesgo del concejal, una situación que cuenta con antecedentes e informes formalizados ante la Fiscalía General de la Nación.

Vencido el plazo sin que la orden se ejecutara, Murgueitio radicó el 22 de octubre un incidente de desacato. Con corte al 28 de octubre, afirmó, la institución policial seguía sin acatar lo que dispuso el juez. El concejal reiteró el llamado a que se cumplan de manera estricta las decisiones de los estrados judiciales, para asegurar sus garantías constitucionales en el ejercicio de sus funciones políticas en el territorio.

El problema, según la corporación, no es solo suyo. La presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza Saldarriaga, confirmó que el retiro de las medidas de protección a los concejales responde a una instrucción nacional ejecutada por la Policía Metropolitana. Recalcó que contar con resguardo institucional es una condición indispensable para el trabajo comunitario y legislativo en la ciudad.

El concejal Sergio Mauricio Zamora expresó su solidaridad con Murgueitio y exigió al gobierno nacional y a las autoridades competentes que otorguen la protección necesaria a los cabildantes en riesgo.

Lo que piden los concejales de la capital del Valle del Cauca es la aplicación inmediata de las medidas cautelares dictadas por la justicia. Buscan mitigar los factores de riesgo extraordinario que han informado a los organismos de control y garantizar el ejercicio del control político en las comunas y corregimientos del municipio.

Queda por ver si la Policía Metropolitana ejecuta la orden del Juzgado 13 Laboral tras el incidente de desacato, y si la medida se extiende a otros concejales que enfrentan la misma situación.