En un momento en que Perú busca salir de una crisis institucional que ha erosionado la confianza en sus poderes del Estado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta semana un predictamen para adelantar el inicio de la segunda legislatura al 15 de febrero. La medida, aprobada por quince votos contra nueve, no crea nuevas legislaturas sino que reordena el calendario parlamentario existente, abriendo una ventana de tiempo para debatir reformas electorales y constitucionales antes de los comicios de 2024. Es un gesto técnicamente modesto pero políticamente cargado: el reconocimiento de
Comisión de Constitución aprueba adelanto de segunda legislatura al 15 de febrero
Crear tiempo para que el país se reformule antes de votar
¿Por qué la comisión cree que necesita comprimir el calendario legislativo? ¿No podrían hacer estas reformas en el tiempo normal?
Porque el proyecto de adelanto de elecciones aún necesita una segunda votación, y eso no puede ocurrir antes de marzo. Si no adelantan la segunda legislatura, el tiempo se vuelve insuficiente para debatir las reformas electorales y políticas que consideran necesarias.
Pero eso es un poco circular, ¿no? Están diciendo que necesitan tiempo para reformas, pero el tiempo que necesitan depende de cuándo voten sobre adelantar elecciones. ¿Quién decidió que eso era urgente?
¿Cómo es que esto no viola lo que el Tribunal Constitucional dijo en 2021?
Porque en 2021 el tribunal rechazó crear legislaturas adicionales. Aquí no están creando nada nuevo, solo moviendo la fecha de inicio de la segunda legislatura que ya existe.
Correcto, pero el tribunal también dijo que solo se podía justificar una legislatura extra si era para aprobar reformas que requieren dos votaciones sucesivas. ¿Estas reformas electorales requieren eso? El documento no lo dice claramente.
¿Qué tan real es el riesgo de inestabilidad que mencionan?
El país ha vivido crisis política durante años. La comisión cree que sin estas reformas, eso va a empeorar. Es un argumento sobre prevención.
Pero "inestabilidad política" es vago. ¿Qué específicamente se agudizaría? ¿Conflictos entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Protestas? El documento habla de evitar situaciones que agudizen la crisis, pero no define qué situaciones son esas.
Le Pouls
- Perú lleva meses atrapado en un ciclo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que amenaza la legitimidad de las instituciones y la credibilidad de las próximas elecciones generales.
- La comisión aprobó por mayoría ajustada —15 a 9— adelantar la segunda legislatura al 15 de febrero, comprimiendo el calendario parlamentario hasta el 15 de junio para ganar tiempo útil.
- La propuesta sortea deliberadamente el precedente del Tribunal Constitucional de 2021, que rechazó crear una cuarta legislatura adicional, al limitarse a mover fechas sin añadir nuevas sesiones legislativas.
- El proyecto de ley para adelantar las elecciones generales aún espera una segunda votación que no puede celebrarse antes del 1 de marzo, y sin este adelanto el calendario se vuelve inviable.
- Los nueve votos en contra advierten que comprimir los tiempos parlamentarios puede sacrificar la calidad del debate y abrir la puerta a decisiones constitucionales apresuradas.
- El siguiente paso es el pleno del Congreso: si aprueba la medida, los legisladores tendrán menos de cuatro meses para reformar las bases institucionales del país antes de 2024.
En un momento en que Perú busca salir de una crisis institucional que ha erosionado la confianza en sus poderes del Estado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta semana un predictamen para adelantar el inicio de la segunda legislatura al 15 de febrero. La medida, aprobada por quince votos contra nueve, no crea nuevas legislaturas sino que reordena el calendario parlamentario existente, abriendo una ventana de tiempo para debatir reformas electorales y constitucionales antes de los comicios de 2024. Es un gesto técnicamente modesto pero políticamente cargado: el reconocimiento de que la inestabilidad ya no puede esperar al ritmo ordinario del año legislativo.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó el martes un predictamen para adelantar el inicio de la segunda legislatura ordinaria al 15 de febrero, con cierre previsto el 15 de junio. La votación, de quince a favor y nueve en contra, refleja una mayoría que considera urgente abrir espacio legislativo para reformas constitucionales y electorales antes de los comicios generales de 2024.
La justificación es directa: el país atraviesa una crisis política que exige reformas mínimas para mejorar la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin ellas, argumentan los impulsores del predictamen, Perú seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad institucional que debilita tanto la gobernanza como la legitimidad de los procesos electorales que se aproximan.
La propuesta es técnicamente cuidadosa. No crea legislaturas nuevas ni desdobla las existentes, sino que simplemente adelanta la fecha de inicio de la segunda legislatura. Este matiz es crucial: en noviembre de 2021, el Tribunal Constitucional rechazó un intento de crear una cuarta legislatura de corta duración, estableciendo que solo cabía una legislatura adicional si era estrictamente necesaria para reformas constitucionales que requieren dos votaciones sucesivas. La comisión sostiene que su propuesta actual no incurre en ese problema.
El calendario también tiene una lógica concreta: el proyecto de ley para adelantar las elecciones generales aún está pendiente de una segunda votación, que no podría realizarse antes del 1 de marzo. Sin el adelanto de la legislatura, ese trámite quedaría sin margen temporal suficiente para acompañarse de las reformas electorales y políticas que la comisión considera indispensables.
Los nueve votos en contra expresan una preocupación legítima: que acelerar los tiempos parlamentarios pueda debilitar el debate o favorecer decisiones apresuradas sobre materias constitucionales de largo alcance. Ahora la decisión pasa al pleno del Congreso. Si se aprueba allí, los legisladores tendrán menos de cuatro meses para intentar estabilizar las instituciones antes de que el país entre de lleno en el ciclo electoral de 2024.
La Comisión de Constitución del Congreso peruano votó el martes para adelantar el inicio de la segunda legislatura ordinaria al 15 de febrero, con el objetivo de crear una ventana de tiempo suficiente para debatir y aprobar reformas electorales y políticas antes de los comicios generales de 2024. La votación fue cerrada: quince votos a favor, nueve en contra. La medida busca que la segunda legislatura concluya el 15 de junio, comprimiendo el calendario legislativo pero manteniendo intacta la estructura formal del año parlamentario.
La justificación que esgrime la comisión es directa: el país enfrenta una crisis política que requiere reformas constitucionales mínimas para mejorar la convivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los miembros que respaldaron el predictamen argumentan que estas reformas son necesarias para evitar que la inestabilidad se agudice. Sin ellas, sostienen, el país seguiría atrapado en un ciclo de tensión institucional que debilita tanto la gobernanza como la legitimidad de los procesos electorales que se avecinan.
La propuesta es técnicamente modesta pero políticamente sensible. No se trata de crear legislaturas adicionales ni de desdoblar las existentes, sino simplemente de mover hacia adelante la fecha de inicio de la segunda legislatura. Este detalle importa porque el Tribunal Constitucional rechazó en noviembre de 2021 un intento anterior de crear una cuarta legislatura de corta duración. Aquella sentencia estableció que solo se podía justificar una legislatura adicional si era estrictamente necesaria para aprobar reformas constitucionales que requieren votación en dos legislaturas sucesivas. La comisión subraya que su propuesta actual no incurre en ese problema: no crea legislaturas nuevas, solo reordena el calendario de las existentes.
El argumento constitucional es que esta modificación al Reglamento del Congreso es válida porque responde a una coyuntura social que lo justifica. La comisión señala que el proyecto de ley para adelantar las elecciones generales aún está pendiente de una segunda votación, que no podría realizarse antes del 1 de marzo de 2023. Comprimir la segunda legislatura permite que esa votación ocurra dentro de un marco temporal que dé cabida a las reformas electorales y políticas que el país necesita. Sin este adelanto, el calendario se vuelve insuficiente.
La medida refleja una realidad política incómoda: el Congreso reconoce que la inestabilidad es un problema constitucional grave, no solo una molestia coyuntural. Los quince votos a favor indican que existe una mayoría que cree que el riesgo de no actuar es mayor que el riesgo de comprimir el calendario legislativo. Los nueve votos en contra sugieren que hay quienes temen que acelerar los tiempos parlamentarios pueda debilitar el debate o favorecer decisiones apresuradas.
Lo que sigue ahora es la votación en el pleno del Congreso. Si se aprueba allí, la segunda legislatura comenzaría en poco más de tres semanas. Eso significaría que los legisladores tendrían menos de cuatro meses para debatir y votar las reformas que la comisión considera esenciales para estabilizar las instituciones antes de 2024. Es un plazo apretado para cambios constitucionales, pero la comisión sostiene que es el mínimo viable dado el estado actual de la crisis política.
Citations marquantes
La modificación propuesta no supone un desdoblamiento de legislaturas, sino un adelanto razonable y justificado por la coyuntura social— Comisión de Constitución del Congreso
Es constitucionalmente válido y necesario aprobar esta modificación porque contribuirá a menguar la inestabilidad política que afronta el país— Comisión de Constitución del Congreso